Esta semana trascendió un mecanismo que lleva a cabo el gobernador de Buenos Aires desde el 2022, el cual paga a sus proveedores del rubro de alimentos con bonos los cuales son destinadas a los sectores más vulnerables del territorio bonaerense.
Frente a la falta de liquidez de pagos de la provincia, el enojo del sector llevó a decidir no entregar más mercadería hasta que se revea la medida y se utilice dinero contante y sonante para saldar la deuda.
De hecho, los intendentes, propios y ajenos, y de distritos más alejados del AMBA, venían anticipando la crisis al denunciar importantes recortes en los fondos de coparticipación, lo que los llevó a modificar sus presupuestos y hasta a reducir o congelar los salarios del personal político.
Las críticas contra el mandatario no sólo es por los abonos en bonos, sino por las prioridades del gobernador, ya que en un año electoral aumenta el gasto público en viajes de egresados, proliferaración los festivales y la contratación de artistas, aumentó del merchandising que se reparte en cualquier aglomeración, el nombramiento de militantes en las dependencias públicas bajo pretextos baladíes no se detiene, y se pagan viajes al exterior a funcionarios de segunda o tercera línea para participar de eventos (congresos y seminarios) que no aportan nada a la vida cotidiana de los bonaerenses.
El mes pasado, Victoria Donda se sumó al gobierno de Kicillof como subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico luego de dejar el INADI, como otra clara muestra del gobierno bonaerense de enlistar a los aliados en cargos.
Al unísono, hasta las instituciones que dependen del propio gobierno provincial sufren la crisis hasta lo indecible. Baste advertir el desfinanciamiento del IOMA, la obra social de los trabajadores públicos bonaerenses, o del instituto biológico “Dr. Tomás Perón”, para no hablar de los hospitales o los institutos de Minoridad.
