La Corte postergó el fallo sobre la coparticipación de CABA

Micaela Cabezas

24 noviembre, 2022

La Corte Suprema de Justicia determinó postergar una definición en el caso que el enfrenta a los gobiernos nacional y porteño por el recorte en la coparticipación de CABA dispuesto en 2020, en medio de una protesta policial en la provincia de Buenos Aires. El tema fue retirado de la agenda de la reunión de acuerdos por decisión del presidente del cuerpo, Horacio Rosatti.

El máximo tribunal excluyó el tema de su reunión de acuerdos de este jueves y ahora es una incógnita si habrá una definición este año.

Esta decisión generó el enojo del resto de los jueces de la Corte, que habían trabajado en el tema y estaban dispuestos a emitir su voto este mismo jueves. También acrecentó los rumores sobre presuntas presiones ejercidas desde el Poder Ejecutivo para dilatar una definición.

En tanto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, esperaba anotarse una victoria judicial antes de que termine el año y usar un eventual ingreso de fondos extras para anunciar una rebaja de impuestos. En cambio, el Gobierno nacional quiere enfriar la discusión y patearla para el 2023. Por su parte, la semana que viene no hay reunión de acuerdo de ministros prevista y quedarían disponibles los jueves 6 y 13 de diciembre para emitir una sentencia.

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La discusión gira en torno a dos causas iniciadas por el Gobierno porteño en 2020 a partir del recorte de más de un punto de coparticipación dispuesto por el Estado Nacional, primero por el dictado de un decreto (735 de septiembre 2020) y luego de una ley nacional (27606, diciembre 2020). El gobierno porteño solicitó al máximo tribunal su inconstitucionalidad y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.

El Gobierno nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Macri en enero de ese año, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía CABA de la masa de fondos coparticipables. Entendió que era un porcentaje fijado de modo completamente arbitrario. Para ponerlo en números, el GCBA insiste en que el costo del traspaso de funciones se estimó en $13.070 millones a valores del año 2015.

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