La Corte Suprema de la Justicia confirmó las condenas dictadas a los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, los empresarios de Sergio Cirigliano y Roque Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba en la causa por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida en 2012, en la cual fallecieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.
El máximo tribunal rechazó las apelaciones presentadas por las defensas de los condenados, por lo que los fallos en su contra quedaron firmes y sin posibilidad de volver a ser revisados.
De esta manera, con los votos de los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte rechazó los recursos interpuestos tras invocar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le permite hacerlo «por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultasen insustanciales o carentes de trascendencia». A partir de esta decisión, el máximo tribunal dejó firmes las condenas que pesan sobre los ex secretarios de Transporte Schiavi y Jaime, los empresarios Cirigliano y Cirigliano y el maquinista Córdoba, entre otros.
Durante esta investigación el máximo tribunal señaló en el escrito que se tuvo por probada «la deliberada decisión de las autoridades de TBA de no realizar el mantenimiento de los bienes concesionados, contando con la colaboración necesaria de los directivos de Cometrans SA y, especialmente, de los por entonces funcionarios de la Secretaría de Transporte». En tanto añadió: «Los funcionarios tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, deber que deliberadamente incumplieron; todo lo cual ocasionó un paulatino deterioro del material rodante y la disminución de su vida útil, ocasionándose un enorme perjuicio al patrimonio estatal«.
Por esta causa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 condenó, con distintos grados de responsabilidad, a los distintos acusados mientras que a Jaime, resolvió condenarlo por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y absolverlo por el estrago culposo agravado. Esa decisión fue luego revocada por la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que lo condenó como autor de estrago culposo agravado, elevando así su pena de 5 a 7 años de prisión.
Los recursos rechazados por la Corte habían sido presentados por las defensas de los imputados mencionados más Pedro Ranieri, Jorge De los Reyes, Guillermo D’Abegnino, Laura Aída Ballesteros, Francisco Pafumi, Carlo Michele Ferrari, Marcelo Calderín, Carlos Pont Verges, Antonio Suárez, Oscar Gariboglio, Víctor Astrella, Jorge Álvarez, Alejandro Lopardo y Sergio Tempone.
