Mediante un Decreto Supremo, el gobierno de la senadora Jeanine Áñez legaliza la cacería. Los militares no tendrán responsabilidad penal ante la represión.
El Decreto informa: “Todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado deben prestar el apoyo requerido a las fuerzas Militares y Policiales”.
Además menciona que las “FF AA (Fuerzas Armadas) emplearán todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos a fin de garantizar el bienestar, la seguridad, y la protección del pueblo boliviano.
