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    Inicio SOCIEDAD Las mujeres presas recibirán asignaciones por hijo y por embarazo

    Las mujeres presas recibirán asignaciones por hijo y por embarazo

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes, con el voto unánime de todos sus integrantes, que las mujeres que se encuentran privadas de su libertad perciban las asignaciones familiares por hijo y por embarazo. La decisión generó polémica.

    Durante esta jornada se confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal en la que definía que ANSeS debía pagarle esos beneficios a las internas del Centro de Detención de Mujeres Unidad 31, teniendo como benefeciarias a quienes estuvieran embarazadas o quienes optaron por permanecer en prisión con sus hijos menores de 4 años.

    Cabe destacarse que la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría Oficial presentó un reclamo mediante un habeas corpus a la Anses. Este recurso había sido rechazado por la justicia federal de La Plata pero Casación lo admitió con fundamento.

    Presas cuidando de sus hijos, las mujeres beneficiadas

    Las razones esgrimidas al rechazo del pedido de anulación de este beneficio para las presas, fue que configuraba un “supuesto de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención” y que la “ley de asignaciones familiares no excluye a las mujeres privadas de la libertad ni a sus hijos”.

    Por otro lado, en la sentencia a Corte Suprema hace referencia a que se consideró a la interpretación de Casación a normas aplicables en favor de los derechos consagrados por la Constitución y en los tratados internacionales

    Internas que cuidan con sus hijos

    En este sentido la decisión es basada en la evaluación que señala que Anses no había invocado ninguna norma que excluyera a las reclamantes de los beneficios solicitados.

    Es por eso, que entienden que “el ingreso a una prisión no despoja a las personas de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional de modo que toda situación de privación de la libertad impone al juez o funcionario que la autorice el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos del detenido no afectados por la medida de que se trate”.

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