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sábado, 22 enero,2022
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    Inicio OPINIÓN Ley de Envases con Inclusión Social: de mitos y verdades

    Ley de Envases con Inclusión Social: de mitos y verdades

    Por Nahuel Andrade, estudiante de abogacía y militante popular

    El oficialismo impulsa esta ley que genera todo tipo de comentarios

    El avance en el Congreso de la Ley de envases con inclusión social, elaborado por el Ministerio de Ambiente de la Nación e impulsado por el Poder Ejecutivo, que cuenta con el respaldo de organizaciones sociales y ambientales, sectores industriales y un amplio consenso de parte de los principales referentes del oficialismo, ha despertado diversos cuestionamientos en las últimas horas por parte de sectores empresariales, que se suman a los reclamos del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara de diputados. Este sector de corporaciones, sostiene que la aplicación de esta normativa, conlleva a una mayor presión tributaria. Sobre este argumento se basa la coalición opositora para rechazar la ley, afirmando que la tasa ambiental funcionaría como un nuevo impuesto, tendría consecuencias inflacionarias e insiste en llevar a cabo un modelo de autorregulación empresarial en la gestión de envases.

    Ahora bien, lo que propone esta ley es que los productores se hagan responsables del proceso de reciclaje de los envases que colocan en el mercado (principio de Responsabilidad Extendida al Productor), teniendo en cuenta que, hoy en día, es la sociedad la que con impuestos municipales paga los gastos relacionados a la gestión de residuos y son los cartoneros y las cartoneras (trabajando muchas veces en condiciones insalubres y sin derechos laborales), quienes evitan que el sistema colapse.

    La ley establece que la tasa ambiental podrá alcanzar, como máximo, hasta un tres por ciento del valor mayorista del producto, por lo cual es difícil que un producto termine comprendiendo ese monto. De esta manera, cuanto más ecológico es el envase, menor es el valor de la tasa y, en el caso de que las empresas opten por un sistema de retorno y reutilización, reducirán el valor de la tasa a cero.

    En Argentina existe una problemática ambiental estructural en cuanto a la gestión de los residuos, la cual exige que se tomen las decisiones pertinentes para poder resolverla y, de esta manera, poder reducir la contaminación ambiental, evitar que las miles de toneladas de residuos tengan como disposición final los basurales, ríos y océanos, que las industrias dejen de importar basura para abastecerse (con la pérdida de divisas que esto implica) y, en definitiva, poder mejorar el rumbo para que las generaciones futuras puedan gozar de un ambiente sano.

    Por ello, la tasa ambiental no se trata de un nuevo impuesto, sino de un incentivo para que las empresas fabriquen envases más amigables con el ambiente, cambiando la lógica de consumo y descarte por una que encuentre sus fortalezas en la integración y la sustentabilidad, logrando visibilizar que detrás de ese patrón de ganancias y acumulación de las grandes corporaciones se encuentra una cantidad creciente de trabajadores y trabajadoras que unidos a través de cooperativas recuperan estos residuos y combaten el daño que se produce al ambiente en el cual nos desarrollamos. 

    Nuestra casa común sufre las consecuencias del rumbo destructivo que el avance de la globalización ya no se preocupa en ocultar, donde se benefician unos pocos en desmedro del bienestar colectivo. Esto exige que todos y todas nos involucremos, con pequeños y grandes esfuerzos, no solo para hacer valer un derecho contemplado por nuestra constitución, sino también para dignificar la cotidianeidad de quienes se encuentran en los márgenes de la precariedad y la exclusión. No es mañana, es ahora. 

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