El presidente Alberto Fernández derogó esta tarde el decreto por el que había ordenado la intervención de la empresa Vicentin durante un plazo de 60 días y además ordenó acciones que permitan «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado«.
La información fue confirmada por el propio presidente en su cuenta de Twitter, quien confirmaba así que dejaba sin efecto el DNU 522/2020 que fue firmado en el mes de junio, ante las imposibilidades de que el Estado pudiera "conocer cuál es el pasivo real de la compañía" por las resoluciones del juez Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía y quien está interviniendo en el concurso.
"El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019", expresó el Presidente en su cuenta de Twitter.
Por otro lado, el Jefe de Estado anunció que había dado instrucciones a los organismos públicos involucrados en este tema para lleven adelante «acciones civiles, comerciales y penales» con las que «permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo«.
A la hora de argumentar la decisión, Fernández explicó que «no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo"
En esa misma línea y para justificar la marcha atrás, después de las manifestaciones en contra que había tenido por este tema, Fernández aseguró que su intención fue «siempre rescatar a la empresa, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo» al tiempo que comentó que la obligación del Estado es que se «investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».
«La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial», resaltó el mandatario al referirse al decreto en el cual nombró a Gabriel Delgado como interventor por un plazo de 60 días.
Marcha atrás
El pasado 8 de junio, el Presidente anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso en el que apuntaba a la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en cesación de pagos.
Al día siguiente se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 en el Boletín Oficial. Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores.Allí hubo un banderazo en rechazo a la oposición.
Tres días después, Fernández recibió a los directivos de la empresa Vicentin, y luego aceptó «una propuesta superadora» para el rescate de la empresa después de una reunión en Olivos que fue aportado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
Luego se le solicitó a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la «conformación de un Órgano de Intervención» durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.
