Desde el inicio de la pandemia coronavirus, numerosos países modificaron sus sistemas de contabilización de víctimas fatales, lo que supuso aumentos o incluso reducciones considerables en sus registros de fallecidos por COVID-19.
El primer país en cambiar su manera de calcular la cantidad de afectados por la enfermedad fue China, epicentro originario del brote, cuando el pasado 13 de febrero incluyó no solo a aquellos pacientes que contaban con un test positivo en su conteo, sino también a los que habían presentado “síntomas clínicamente diagnosticados”.
Dicha corrección provocó que en un solo día se disparara la cifra diaria de muertes en el país, la cual alcanzó un récord diario de 242, más del doble del máximo de 103 registrado hasta ese entonces. Si bien las autoridades chinas argumentaron que la modificación se trataba para “responder a tiempo” a la pandemia, algo que generó grandes dudas.
En Europa ocurrió algo similar cuando cambiaron la forma de computar los decesos, ya que al hacerlo tuvieron un incremento notorio en sus registros. Por ejemplo, Francia a principios de abril, sumó a su balance las muertes ocurridas en los geriátricos, un cambio que en principio había emprendido Reino Unido, aunque las autoridades británicas también incluyeron las defunciones en los domicilios.
En España, un cambio en el sistema de registro realizado en mayo pasado hizo que el total de muertos disminuyera en casi 2.000. De acuerdo al director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, el recorte se dio por “diversos factores”, entre los que mencionó fallecimientos comunicados por duplicado y otros que, probablemente, se produjeron por el coronavirus, pero sin un análisis que lo certificara.
Con respecto a América Latina, los cambios en el sistema de registro de muertes causaron polémica. En Chile, le costó incluso en junio pasado el cargo al exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien tras acceder a modificar el método de cómputo para incluir a los fallecidos que carecían de un test positivo, decidió días después dar marcha atrás con la medida.
Luego de las controvertidas idas y vueltas, el Centro de Investigación e Información Periodística de dicho país terminó propiciando la salida del funcionario, al revelar que el reporte oficial registraba 2870 muertos por COVID-19, mientras que las mismas autoridades informaban a la OMS más de 5.000 decesos por coronavirus, en los que sí incluía los casos sospechosos.
Brasil también se sumó a este cambio en el sistema de recuento tras la decisión del presidente Jair Bolsonaro, lo que causó controversia tras derivar en un drástico descenso de cifras diarias, al contar solamente los fallecidos e infectados registrados en las últimas 24 horas, sin incluir el acumulado de casos anteriores. Esta modificación llevó a que la prestigiosa Universidad de Johns Hopkins, referente independiente en el recuento de casos y muertes por COVID-19 en el mundo, a sacar a Brasil de su base de datos.
El nuevo registro de fallecidos en PBA
En Argentina, la decisión de la provincia de Buenos Aires de ampliar las fuentes para la carga de datos también llamó la atención, ya que de golpe sumó 3523 muertos por la enfermedad.
Al seguir las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva estrategia para la gestión de la información sobre el coronavirus.
“Con el desafío de medir la pandemia en tiempo real, comenzamos a utilizar información proveniente de tres bases. De esta manera, recategorizamos los datos de mortalidad por coronavirus y evitamos el subregistro de los mismos, un problema existente en todos los países del mundo“, señaló Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense.
Las tres fuentes a las que se refiere Gollán son: el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), el Sistema de Gestión Camas (SIGEC) y el Registro Provincial de las Personas. A partir de esto, se espera lograr minimizar el subregistro y el atraso en el conteo de decesos por el virus.
