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    Inicio GREMIALES No les gustó la prórroga

    No les gustó la prórroga

    Luego de que se conociera que el Gobierno nacional decidiera prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, fueron los empresarios quienes miraron con malos ojos esta nueva decisión presidencial, y es que para ellos, esta normativa solo genera desconfianza, preocupación y desinversión.

    El Gobierno decidió prorrogar la medida.

    Los empresarios aseguran que además, esta medida desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo y aumenta los costos para los empleadores.

    “Atenta directamente contra la generación de empleo en un momento en el que se percibe una leve recuperación de la actividad económica tras el duro golpe de la pandemia durante el 2020”, dicen desde el sector.

    En mi opinión mantener, el triple cepo de prohibición de suspensiones y despidos, así como la doble indemnización, constituye una medida que conspira contra la generación de empleo genuino y formal”, dijo por su parte, Daniel Funes de Rioja, titular de Copal e integrante de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA).

    “Las pymes podrían ya empezar a contratar en la medida que algunas actividades están mejorando y las cifras negativas de suspensiones se han ido aminorando y se empezó lentamente a crear empleo, pero prorrogar este triple cepo sólo contribuye a generar incertidumbre y desconfianza en un sistema laboral que no ofrece respuestas adecuadas”, añadió.

    Lo que buscará el Gobierno con esta prórroga, es que las empresas privadas no puedan despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente.

    Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.

    El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.

    La medida fue resuelta por la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar” la pandemia de coronavirus.

    De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo, por lo que el Gobierno decidió prorrogar la medida durante la reunión de Gabinete Económico que se realizó ayer.

    Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) mostraron una postura similar al expresar que se trata de medidas que “llevan al fracaso”. Bajo su perspectiva, según sostuvo el titular de la entidad Mario Grinman generando nuevas fuentes de trabajo y se tienen que generar a través del sector privado.

    Por su parte, representantes de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), que representa a 230 entidades, mantuvieron una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y le pidieron poner en marcha herramientas para “incentivar el consumo”, además de poner fin a la prohibición de despidos y doble indemnización.

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    El Gobierno decidió prorrogar la medida.

    Los empresarios aseguran que además, esta medida desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo y aumenta los costos para los empleadores.

    “Atenta directamente contra la generación de empleo en un momento en el que se percibe una leve recuperación de la actividad económica tras el duro golpe de la pandemia durante el 2020”, dicen desde el sector.

    En mi opinión mantener, el triple cepo de prohibición de suspensiones y despidos, así como la doble indemnización, constituye una medida que conspira contra la generación de empleo genuino y formal”, dijo por su parte, Daniel Funes de Rioja, titular de Copal e integrante de la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA).

    “Las pymes podrían ya empezar a contratar en la medida que algunas actividades están mejorando y las cifras negativas de suspensiones se han ido aminorando y se empezó lentamente a crear empleo, pero prorrogar este triple cepo sólo contribuye a generar incertidumbre y desconfianza en un sistema laboral que no ofrece respuestas adecuadas”, añadió.

    Lo que buscará el Gobierno con esta prórroga, es que las empresas privadas no puedan despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente.

    Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.

    El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.

    La medida fue resuelta por la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar” la pandemia de coronavirus.

    De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo, por lo que el Gobierno decidió prorrogar la medida durante la reunión de Gabinete Económico que se realizó ayer.

    Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) mostraron una postura similar al expresar que se trata de medidas que “llevan al fracaso”. Bajo su perspectiva, según sostuvo el titular de la entidad Mario Grinman generando nuevas fuentes de trabajo y se tienen que generar a través del sector privado.

    Por su parte, representantes de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), que representa a 230 entidades, mantuvieron una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y le pidieron poner en marcha herramientas para “incentivar el consumo”, además de poner fin a la prohibición de despidos y doble indemnización.

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