29/10/2024
Presentaron una nota dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas, Jorge Moreno, en la que se ampararon en la ley de acceso a la información pública.
Diputados del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) han dirigido una solicitud formal al presidente del Tribunal de Cuentas, Jorge Moreno, pidiendo la elaboración de un informe sobre la situación de los municipios que no han presentado sus rendiciones de cuentas hasta el año 2023. La iniciativa se ampara en la ley provincial de acceso a la información pública y advierte sobre la posibilidad de iniciar un amparo por mora si no se obtienen respuestas en los plazos establecidos.
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Este pedido surge en el contexto de las recientes irregularidades relacionadas con la gestión de la ex intendenta Roxana Paulón, quien ha sido denunciada por el actual intendente Raúl Úsqueda por un faltante de 400 millones de pesos y la falta de rendiciones correspondientes a varios períodos entre 2018 y 2022.
Los legisladores señalaron que la información solicitada es crucial para ejercer su función de control sobre la gestión pública. En este sentido, destacaron el papel del Tribunal de Cuentas como la única entidad autorizada para aprobar o desaprobar las cuentas rendidas, lo que garantiza la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos.
Presentaron una nota dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas, Jorge Moreno, en la que se ampararon en la ley de acceso a la información pública.
"Es fundamental que los funcionarios rindan cuentas sobre la administración de los recursos públicos, ya que esto no solo es una obligación legal, sino también un deber ético", enfatizaron en su comunicación.
El requerimiento incluye detalles específicos, como la identificación de los funcionarios responsables de las rendiciones, los períodos pendientes, un cronograma de intimaciones realizadas, y el estado de los procedimientos administrativos en curso, incluyendo la posibilidad de un Sumario Administrativo de Responsabilidad.
Los diputados recordaron que la ley establece un plazo máximo de treinta días hábiles para responder, prorrogable solo en circunstancias excepcionales. Cualquier demora o ambigüedad en la respuesta será considerada una negativa, lo que podría llevar a acciones legales para garantizar el acceso a la información pública.
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La transparencia en la gestión pública es vista como un principio fundamental para que la ciudadanía conozca el uso de los recursos provinciales y asegura que los funcionarios rindan cuentas sobre su manejo. En este sentido, la UCR reafirmó que el Tribunal de Cuentas desempeña un rol esencial en la fiscalización del presupuesto público, asegurando que cada peso se gestione con responsabilidad y eficiencia.
Con este enfoque, los legisladores buscan no solo la rendición de cuentas de los municipios, sino también reforzar el compromiso con la transparencia y la responsabilidad en la administración pública.
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