El juez federal Ariel Lijo retomó la investigación de una causa por presunta trata de personas y explotación sexual, que había ordenado archivar, pero que la Sala I de la Cámara Federal Porteña dispuso reabrir el 8 de julio por considerar "prematuro" su cierre. La denuncia, impulsada por Viviana Canosa y el abogado Roberto Mazzoni, involucra a figuras como el empresario farmacéutico Alejandro Roemmers y el dirigente de River Plate, Matías Barreiro, acusados de trata, explotación sexual y suministro de drogas.
La investigación, a cargo de Lijo y el fiscal Ramiro González, cuenta ahora con la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), liderada por los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. Mángano, reconocida por su expertise y autora de un manual contra la trata, aportará su experiencia en un caso que busca determinar si hubo intermediarios beneficiados por prostitución o explotación sexual, y si, como afirmó Mazzoni en el Senado el 5 de agosto, menores participaron en supuestas fiestas sexuales, algo que, según tres fuentes con acceso al expediente, aún no está acreditado.
La Protex, que hasta 2023 registró 24 sentencias por explotación humana (70,4% por trata de personas, 14,3% por delitos conexos, 15% absolutorias y 0,4% conciliatorias), analizará las pruebas. La Asociación Civil Madres Víctimas de Trata fue clave para el desarchivo, al señalar que "dos jóvenes" denunciaron ser víctimas de trata y haber sido drogadas en fiestas. Este testimonio convenció a los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes ordenaron a Lijo profundizar las medidas de prueba.
Por su parte, la defensa de Roemmers, heredero de una fortuna farmacéutica y autor de "El retorno del joven príncipe", sostiene que las acusaciones de Mazzoni son inconsistentes. "Hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Mazzoni, la incitación al falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar", afirmaron los letrados. Roemmers, en un comunicado, calificó a Mazzoni como un "individuo con antecedentes de extorsión, hurto y violencia", y aseguró que "no existe damnificado" ni pruebas que sustenten las acusaciones.
El caso, que también salpica al ámbito del fútbol y la salud, sigue generando controversia. Lijo, tras no ser confirmado para la Corte Suprema, enfrenta el desafío de esclarecer un expediente que mantiene en vilo a la opinión pública y pone a prueba la lucha contra la trata de personas en el país.
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