El Magistrado Rodrigo Giménez Uriburu dictó sentencia contra un grupo de hombres que, el 20 de marzo de 2022, protagonizaron violentos incidentes frente al Congreso Nacional, en el marco de una protesta mientras la Cámara de Diputados debatía el acuerdo impulsado por el entonces presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los hechos incluyeron el lanzamiento de piedras, cascotes y bombas de pintura contra la sede del Poder Legislativo y el despacho de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también presidía el Senado. Las penas impuestas oscilan entre 2 años de prisión en suspenso y 5 años y 9 meses de prisión efectiva, dependiendo de los antecedentes de los acusados.
La resolución judicial llegó casi tres años después de los disturbios, tras un juicio abreviado sustanciado por el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2), que convalidó el acuerdo entre las defensas y la fiscalía. El proceso, que inicialmente estaba previsto como un juicio oral para el 20 de marzo de 2025, quedó reemplazado por esta modalidad tras la admisión de los hechos por parte de los imputados y la negociación de las penas, elevadas luego al tribunal por el fiscal Diego Luciani. Este último, conocido por haber solicitado una condena de 12 años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, fue quien llevó adelante la acusación en este caso.
En su investigación, Luciani logró probar que Jonathan Emanuel García, Oscar Ramón Santillán, Luis Agustín Trionfini, José Horacio Fernando Castillo, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Julián Claudio Lazarte, Sebastián Esteban Franco, Leonardo Marcelo Cáceres y Exequiel Darío Paz actuaron de manera coordinada y con la intención deliberada de causar daños al edificio del Congreso y a la vía pública. Según el fiscal, este grupo se apartó de los manifestantes que protestaban pacíficamente y comenzó a arrojar objetos contundentes, utilizando tanto sus manos como gomeras, lo que generó destrozos en el patrimonio público.
El Tribunal Oral Número 2 dispuso penas de cumplimiento efectivo y en suspenso para los sujetos que además provocaron daños en la vía pública mientras se discutía el acuerdo con el FMI.La identificación de los responsables fue posible gracias a las imágenes captadas durante los incidentes. Aunque muchos de los atacantes llevaban barbijos, se recurrió a rasgos distintivos como tatuajes y piercings, además del uso del sistema tecnológico Luna Platform, para confirmar sus identidades. En el marco del juicio abreviado, los acusados reconocieron su culpabilidad, lo que permitió agilizar el proceso y llegar a la sentencia.
El fallo del juez Giménez Uriburu estableció penas diferenciadas. Para Cáceres, Fonteina, Paz y Lazarte, se dispuso una condena de 2 años de prisión condicional, mientras que García, Santillán y Castillo recibieron 2 años y 9 meses, también en suspenso, al no registrar antecedentes penales. Además, el tribunal impuso a estos condenados la obligación de participar en una jornada de capacitación en las instalaciones del Congreso de la Nación, con el propósito de que comprendan el funcionamiento legislativo, su carácter democrático y el valor histórico del edificio que atacaron.
Por su parte, Agustín Trionfini y Sebastián Esteban Franco fueron sentenciados a 4 años y 5 años y 9 meses de prisión efectiva, respectivamente, debido a que contaban con condenas previas por robo y robo agravado. Estas penas más severas reflejan el agravante de su historial delictivo.
El Senado de la Nación, presidido actualmente por Victoria Villarruel, participó como querellante en la causa y dio su aprobación al acuerdo de juicio abreviado. Los daños ocasionados al Congreso y a la vía pública fueron valuados en casi 14 millones de pesos, según los peritajes realizados. Además, un efectivo de la Policía resultó herido tras ser alcanzado por dos bombas molotov arrojadas durante los disturbios, un hecho que agravó la percepción de la violencia desatada ese día.
La sentencia pone fin a un episodio que marcó un momento de alta tensión política en el país, en el contexto de las negociaciones con el FMI y las profundas divisiones que generó el acuerdo impulsado por el gobierno de Alberto Fernández. Para algunos, este fallo representa un mensaje claro contra los actos de vandalismo que atentan contra las instituciones democráticas, mientras que otros lo ven como un reflejo de la polarización que aún persiste en la sociedad argentina. El juez Giménez Uriburu, al fundamentar su decisión, destacó la necesidad de preservar el orden público y el respeto por los símbolos de la democracia, como lo es el edificio del Congreso Nacional.
Con este desenlace, el caso queda cerrado en el ámbito judicial, aunque sus ecos políticos y sociales probablemente continuarán resonando en el debate público.
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