Contratos públicos a empresa vinculada con el socio de Kueider generan sospechas de lavado de dinero: los detalles

Peninsular Sudamericana, una empresa vinculada a Daniel González, socio del exsenador Edgardo Kueider, quien permanece detenido en Paraguay por intentar ingresar más de US$200,000 sin declarar, ha ganado múltiples contratos con las Fuerzas Armadas Argentinas en los últimos meses. Estos acuerdos, que incluyen la provisión de insumos médicos y productos textiles, han puesto en el foco de la Justicia a la compañía, que fue fundada en 2019 con una diversidad de servicios, que van desde la actividad agropecuaria hasta el transporte y la gastronomía.

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La empresa, dirigida por González y la abogada Adriana Cecilia Crucitta, ha sido adjudicataria de varios contratos de gran envergadura. Uno de los más relevantes fue con la Armada Argentina, con un contrato por $707,680 para la compra de guantes, barbijos y camisolines. Además, Peninsular Sudamericana obtuvo una licitación por más de $7 millones con el Ejército y otra por $4 millones con la Fuerza Aérea, lo que ha despertado alarmas entre los investigadores.

Según fuentes cercanas al caso, González y Crucitta podrían ser testaferros de Kueider en esta empresa, que ha participado en numerosos procesos licitatorios con el Estado. La vinculación con Kueider es clave, ya que ambos son socios de la firma Betail, que está siendo investigada por la compra de tres departamentos de lujo en Paraná que nunca fueron declarados por el exlegislador.

Se trata de Peninsular Sudamericana, de la que Daniel González es administrador y director suplente. Además, la compañía busca quedarse con jugosas licitaciones con otras dependencias del Estado Nacional.

La Justicia sospecha que los contratos obtenidos por Peninsular Sudamericana podrían estar relacionados con operaciones de lavado de dinero o coimas. De hecho, la fiscalía de Entre Ríos, a cargo de José Arias, ha solicitado informes bancarios y financieros sobre la empresa, especialmente en relación con una licitación que ganó en agosto de 2024 para la compra de insumos médicos para la Base Aeronaval Punta Indio. En este caso, Peninsular Sudamericana se comprometió a entregar $707,680 en productos médicos.

Por otro lado, la Fuerza Aérea Argentina adjudicó un contrato de $10 millones a la empresa para la provisión de productos descartables. A la fecha, se han abonado cerca de $4.8 millones. El expediente, que incluye servilletas de papel, bolsas de polietileno y otros insumos, es otro de los contratos que llama la atención de las autoridades.

Pero los contratos no se limitan a las Fuerzas Armadas. La compañía también logró un pequeño contrato con la Dirección Nacional de Vialidad y está en proceso de conseguir una licitación por más de $10 millones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para la provisión de insumos sanitarios como guantes médicos y alcohol medicinal. A pesar de que el proceso sigue abierto, la empresa sigue siendo un actor recurrente en las adjudicaciones públicas.

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El vínculo entre González y Kueider va más allá de las licitaciones. González es también propietario de la camioneta en la que Kueider fue detenido en Paraguay, donde ambos fueron sorprendidos con US$200,000 en efectivo sin declarar. A raíz de este hecho, González se presentó ante la Justicia, lo que permitió a los investigadores acceder a su celular, que podría contener información crucial sobre las compras de los departamentos de lujo en Paraná, adquiridos por Betail.

La compra de estos departamentos, cuyo valor actual asciende a más de US$500,000, ha sido objeto de investigación debido a la discrepancia con las declaraciones patrimoniales de Kueider, quien en su última declaración jurada informó poseer apenas US$8,500 en efectivo. Se sospecha que los fondos utilizados para la adquisición de estas propiedades provienen de sobornos recibidos por Kueider durante su gestión en Enersa, la empresa de energía de Entre Ríos, especialmente por parte de la firma de seguridad Securitas.

La jueza Sandra Arroyo Salgado, que también investiga el caso Securitas, está a cargo de las investigaciones relacionadas con Kueider y sus presuntos vínculos con el lavado de dinero. En este contexto, los contratos públicos obtenidos por Peninsular Sudamericana serán revisados a fondo para determinar si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación y si están relacionados con el caso de Kueider. La conexión entre la empresa, el exsenador y los contratos con el Estado sigue siendo un punto central en la investigación.