Corrientes: Piden condenas para 16 imputados de una red de explotación sexual

El miércoles se dio inicio en Corrientes a la etapa final del juicio por la megacausa de explotación sexual de al menos 36 víctimas de trata en una zona fronteriza con Brasil y este jueves se conocerán las penas que se pedirán para los 16 imputados

La fiscal Tamara Pourcel y la representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Victoria Zazzola, abrieron este miércoles la instancia de alegatos en el debate por el sometimiento a la prostitución de 36 personas en al menos tres locales nocturnos de la ciudad de Paso de los Libres.

La audiencia se extendió desde las 8.30 hasta pasado el mediodía Con uno de los imputados en la sala -Dionisio Velazco- y otros 15 que la siguieron de manera virtual. Más tarde los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes dispusieron que el final de este alegato del Ministerio Público Fiscal sea pronunciado el jueves por el fiscal federal Carlos Schaefer, quien pedirá las condenas para cada uno de los acusados.

Luego de los alegatos de la fiscalía será el turno de las réplicas por parte de las defensas, un trabajo que será articulado en 16 capítulos, correspondientes a cada integrante de la red investigada y que funcionó hasta 2015 cuando los fiscales federales Fabián Martínez y Carlos Schaefer y Marcelo Colombo por la Protex, y la jueza Cristina Pozzer Penzo, orientaron la investigación que llegó a juicio en mayo pasado.

A lo largo de este debate, a cargo de los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra (subrogante de Misiones), declararon alrededor de 50 testigos, entre quienes se encuentran algunas víctimas de este delito, que se le atribuye a empresarios, comerciantes, abogados, un exgendarme y que alcanzó, según se denunció, a tener protección del fiscal federal de esa zona, Benito Pont, hoy con 71 años de edad y apartado del proceso por incapacidad.

Una de las claves para que esta red de prostíbulos, individualizados como Balizas, Kilómetro de Oro y Roxi (también conocido como Puro Movimiento), llegara a esta instancia fue escrita en el procesamiento a los imputados por parte de la jueza Pozzer Penzo, que remarcó la condición de vulnerabilidad que sufrían las víctimas.

"Todas estas condiciones objetivas de vulnerabilidad de las mujeres fueron aprovechadas por las imputadas para someterlas con el fin de explotación sexual que se desarrollaba en los locales a su cargo. Para más, es doctrina reiterada de la Alzada que el consentimiento prestado en estas condiciones de necesidad y vulnerabilidad carece de cualquier valor", señala el expediente.

Entre las víctimas había personas de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Córdoba, de la misma ciudad de Paso de los Libres e incluso de Paraguay y República Dominicana.