Debate en la Cámara de Diputados sobre la baja de la edad de imputabilidad tras el asesinato de Kim Gómez

Este miércoles 12 de marzo, la Cámara de Diputados debatirá en comisión un proyecto clave para el sistema judicial argentino: la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa, que surge tras el asesinato de Kim Gómez y otros crímenes graves, busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a menores que cometen delitos graves, aunque prohíbe la pena de reclusión perpetua.

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La propuesta fue impulsada por el presidente Javier Milei, quien en la Asamblea Legislativa solicitó cambios en el Código Procesal Penal. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), convocó para este miércoles a las 10 a un plenario para comenzar a discutir este proyecto, que históricamente ha dividido las aguas en el Congreso.

El reclamo de Milei se originó tras una serie de asesinatos ocurridos en la provincia de Buenos Aires, que generaron fuertes tensiones con el gobernador Axel Kicillof. En respuesta, Rodríguez Machado coordinó con sus pares de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Minoridad, y Presupuesto para acelerar la discusión y avanzar en un dictamen. La ronda de consultas, que comenzó el año pasado, ya concluyó con siete reuniones.

El proyecto, que se discutirá en la comisión antes de la sesión del mediodía convocada por bloques opositores, prevé que los menores de 14 años puedan ser procesados por delitos graves. Si bien el Gobierno Nacional propone establecer la edad de imputabilidad en 13 años, el consenso actual en la Cámara de Diputados apunta a bajar la edad a 14 años, como plantean varios legisladores.

Entre los impulsores de esta iniciativa se encuentran el diputado massista Ramiro Gutiérrez, el presidente del PRO Cristian Ritondo y el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quienes apoyan la propuesta de bajar la edad a los 14 años. También se suman los proyectos presentados por la legisladora radical Carla Carrizo y los diputados de Producción y Trabajo, Nancy Picon y Juan Carlos Villalonga.

En cambio, el diputado libertario mendocino Álvaro Martínez propone reducir la edad de imputabilidad a los 12 años, mientras que la legisladora piquetera de UP, Natalia Zaracho, aboga por mantener la edad actual de imputabilidad y propone revisar la responsabilidad de los menores de 16 años según su comprensión de los hechos delictivos que hayan cometido, junto con medidas de contención social.

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El proyecto del Gobierno establece que los menores no podrán recibir la pena de reclusión perpetua, limitando el máximo de prisión a 20 años, incluso si los delitos cometidos son múltiples y graves. Además, se incorporan sanciones alternativas para los menores que cometen delitos menores, con el objetivo de lograr su resocialización. Estas medidas incluyen amonestaciones, prohibiciones de contacto con la víctima, monitoreo electrónico, prestación de servicios a la comunidad y programas educativos, deportivos y de formación ciudadana.

El régimen penal también propone la creación de una figura de supervisor, que guiaría a los jóvenes infractores en su proceso de rehabilitación y reintegración social. Además, se contempla la posibilidad de revisar la pena una vez cumplidos los dos tercios de la condena, permitiendo que el resto de la pena se cumpla en el domicilio del condenado.

El proyecto también ofrece alternativas al cumplimiento de la pena en lugares tradicionales de detención, como institutos abiertos o especializados para menores, en lugar de las cárceles comunes.

Este tema sigue generando un intenso debate en la Cámara de Diputados, con diversas posiciones sobre cómo equilibrar la responsabilidad penal con la necesidad de resocializar a los menores. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad se plantea como uno de los temas más sensibles y complejos del panorama legislativo actual.