Delitos de lesa humanidad: Pidieron 25 años de prisión para un empresario salteño

Un fiscal federal pidió este jueves 25 años de prisión para Marcos Levín, exdueño de la empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, en un juicio que se le realiza junto a otras dos personas por su presunta responsabilidad en el secuestro de 17 empleados de esa firma, en enero de 1977, durante la última dictadura cívico militar, y cuyo veredicto se dará a conocer la semana próxima.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron este jueves que el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Salta que desde la Fiscalía se pidió penas de 25 y 23 años para el empresario Marcos Levin; su ex jefe de personal, Antonio Grueso, y Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta, por crímenes de lesa humanidad contra 17 trabajadores de La Veloz del Norte.

En su alegato final, el fiscal general Carlos Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila ratificaron la acusación, destacaron la calidad de delitos de lesa humanidad de los hechos y describieron el caso como un "accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado", dirigido a disciplinar al movimiento obrero.

El Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por Marta Liliana Snopek, que lo preside, Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus, está a cargo del juicio desde el 3 de octubre pasado.

Los fiscales solicitaron una pena de 25 años de prisión para Levín, como instigador de los delitos de "privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas", en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa que fundó.

Para Grueso pidieron una condena de 23 años como partícipe necesario de los delitos de "privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por el uso de violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.

La misma pena, de 23 años, se solicitó para Almirón, por su participación en calidad de autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada, por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.

Previamente, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Gastón Casabella, había requerido la pena máxima para los tres acusados por la misma calificación legal propuesta por la fiscalía al inicio del debate, mientras que en representación de la Defensoría Pública de Víctimas, Nicolás Escandar, pidió una pena de 18 años de prisión para Grueso.

Así, la presidenta del tribunal dio por cerrada la audiencia hasta el próximo miércoles, cuando se escuchará a las defensas, para que el día siguiente se pueda dar a conocer el veredicto, de no surgir algún inconveniente.

Levín ya fue condenado a 12 años de prisión el 28 de marzo de 2016, aunque el fallo aún no está firme, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, delegado gremial de la Unión de Trabajadores del Automotor (UTA).

Al momento de los argumentos, Amad ratificó los hechos imputados a los tres acusados, ocurrido a partir de procedimientos policiales realizados entre los días 20 y 24 de enero de 1977, en las provincias de Salta y Tucumán, cuando efectivos de la ex Comisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.

El fiscal sostuvo que, en función de las pruebas desarrolladas en el debate, quedó acreditado con certeza "el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado", en este caso, representado por Levín, dueño en ese entonces de una de las empresas de transporte más importante del país.

Confirmó que las detenciones ilegales, que se concretaron en la empresa, en los domicilios particulares, o en la comisaría, a la que habían sido previamente citados, se lograron gracias al aporte de información por parte del empresario a través de Grueso, quien era su mano derecha.

Se trata de la causa "La Veloz del Norte II", cuyas víctimas fueron identificadas como Juan Alberto Alonso, Carlos Aponte, Carlos Bais, Norberto y Emilio Borquez, Cobos, Carlos Delaloye, Oscar Espeche Rodas, Sebastián Gallará, Ciriaco Justiniano, Manuel Modad, Carlos Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Rodríguez, Jorge Romero y Rubén Vrh.

Levin y Grueso son asistidos por Marcelo Arancibia, mientras que el defensor oficial Federico Petrina hace lo propio con Almirón.