Diputados: inicia el debate del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados comenzará el próximo miércoles a tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.

El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda se llevará a cabo el 31 de julio a las 12:30 en el anexo C.

El proyecto del Poder Ejecutivo introduce un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, "cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro".

En cuanto a las penas, "cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión" por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.

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El abanico de sanciones incluye "la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad".

En este último caso, la pena privativa de la libertad podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.

"La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento", se especifica.

No se permitirá "la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua", siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.

Además, "cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley".

Autores. Patricia Bullrich y Mariano Cuneo Libarona impulsan el proyecto de baja de imputabilidad.

Respecto a la reclusión, "el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen".

Más allá del enfoque punitivo, uno de los artículos del proyecto sostiene que "la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social".

Las medidas complementarias incluyen "el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario".

En los fundamentos del proyecto, se menciona que "actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes", lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general".

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Se destaca que la edad mínima de 16 años para ser punible es superior a la de otros países de la región como Chile, Colombia y Perú, donde es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, 13 años; Brasil y México, 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, 7 años.

Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el 28 de junio que presentarían esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años, la edad establecida en el actual régimen penal.

El proyecto, enviado a la Cámara de Diputados, fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.

Ahora, la propuesta será evaluada por las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, lideradas por Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires). No obstante, se anticipa que será un tema de intenso debate en el Congreso Nacional.