Dos procesados por espionaje ilegal al exSIDE Antonio Stiuso y la jueza Arroyo Salgado

Al margen de las posturas contrapuestas entre "suicidio" o "asesinato", no deja de llamar la atención que en tiempos electorales o de tensas disputas políticas, siempre resurja alguna causa o "indicio" relacionados al exfiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman. En esta oportunidad son dos los procesados, Pablo Palá y Alexis Lesa, a quienes se les imputa el haber ingresado al sistema informático de Migraciones con un usuario de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), para monitorear los pasos de su exesposa y jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y el exjefe de contrainteligencia y de estrecha relación con el fiscal, Antonio Stiuso.

Ambas personas que tenían contratos en reparticiones oficiales, monitorearon sus movimientos migratorios justo cuando ocurría la muerte de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA que apareció con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento el 18 de enero de 2015. La Cámara Federal confirmó los procesamientos de los dos sospechosos por violar la ley de inteligencia y le ordenó al juez Julián Ercolini, a cargo de la causa, que profundice la investigación, revelaron a fuentes judiciales.

La denuncia fue realizada por la hoy candidata a presidente, Patricia Bullrich, junto a la exdiputada y extitular de la Oficina Anticorrupción del macrismo, Laura Alonso, a raíz de un llamado anónimo de alguien quien según las denunciantes dijo ser "miembro de los servicios de inteligencia".

Junto a la denuncia sumaron un listado con los nombres y apellidos de los espiados, su número de documento, y la fecha de nacimiento. En esos seguimientos aparecían integrantes de la Corte Suprema, varios jueces y fiscales federales, y políticos opositores como Mauricio Macri, Francisco De Narváez, Ricardo Alfonsín y José Manuel De la Sota. También había decenas de periodistas.

La denuncia recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y luego pasó a las manos del juez Julián Ercollini. Algunas de las medidas de prueba que se habían solicitado constaban de verificar lsi se habían revisado los movimientos migratorios de Nisman, Stiuso y Arroyo Salgado.

Los procesados son Pablo Palá, un ingeniero informático y Alexis Lesa, que se despeña como Director General de Informática para la Provincia de Entre Ríos. Dijeron en su descargo que solo hacían actividades comerciales lícitas que desplegaban en materia informática. El juez Ercolini los había procesado y embargado por violar la ley de inteligencia, que prevé penas de 3 a 10 años de prisión.

De acuerdo con el fallo de la Cámara Federal que confirmó los procesamientos, ambos monitorearon los movimientos del exagente de inteligencia Stiuso y la jueza Arroyo Salgado la tarde del 18 de enero de 2015, horas antes de que se supiera de la muerte de Alberto Nisman.

Stiuso, querellante en la causa dice que fue un perseguido durante el gobierno de Cristina Kirchner, por las autoridades de inteligencia de aquel entonces y por sus superiores , "Lo que aquí se demostró y a Pala y Lesa se les imputa, son maniobras que me afectan a mí y que también han afectado a la Dra. Sandra Arroyo Salgado, dato éste no menor, por cuanto no cabe otra opción (habida la fecha en que sucedieron los hechos, desde el 18 y hasta el 30 de enero de 2015) que entrelazar todo con la muerte del Fiscal Alberto Nisman", aseguró ante la Justicia.

También se refirió al espionaje del que fue víctima durante la jornada en la que murió el fisca, "Al parecer, algunos no sabíamos lo que había ocurrido en el interior de ese departamento, pero a la luz de las búsquedas que desde la SI/AFI se efectuaron en la tarde del 18 de enero de 2015, otros sí lo sabían"

Según confirmó la Cámara Federal, quien pidió el procesamiento de los dos imputados, respecto a las pruebas que los comprometen que "en todos los casos, se activó una dirección de IP asociada al domicilio en Paraná, Entre Ríos, que era ocupado por Palá y Lesa y a un teléfono también vinculado a ellos. Ambos -se averiguó- tenían a la época contratos con dependencias públicas de la Provincia mencionada y especialidad en informática".

Por otro lado y como dato no menor, en su fallo la Cámara informó que "la instrucción se dirigió en dos sentidos. Uno, a procurar verificar si las líneas telefónicas de los mencionados estaban ilegalmente intervenidas. Segundo, a corroborar o descartar que estuvieran siendo o hubieran sido sujetos a otro tipo de operaciones de inteligencia normativamente vedadas", dado que "no existía ninguna orden judicial que dispusiera las interceptaciones". Es decir que, solicita averiguar por qué los que realizaban espionaje también fueron espiados y por ello identificados en su accionar.