02/02/2024
En un comunicado titulado "El modelo es ajuste, represión y violencia", la Confederación General del Trabajo (CGT) repudió este viernes la "absurda, injustificada y desproporcionada" represión "generada y promovida por las propias fuerzas policiales" contra los manifestantes y periodistas presentes en la marcha contra la "Ley Ómnibus" del presidente Javier Milei en el marco del denominado "protocolo antipiquetes" de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: "Si este gobierno sigue sembrando vientos, cosechará tempestades".
"Este gobierno con sus planteos está sembrando vientos sobre un pueblo necesitado de soluciones, no de delirios, ni de mentiras, ni de palos. Y si sigue insistiendo con estas políticas más temprano que tarde necesariamente cosechará tempestades", advirtió la central obrera en un duro documento difundido al día siguiente de los hechos de represión desatados en la zona del Congreso de la Nación este jueves, mientras los diputados discutían en sesión el proyecto de la "Ley de Bases" que, todo indica, será aprobado en general hoy.
"En la sesión del día de ayer, con un Congreso vergonzosamente vallado, cerrado a la gente y rodeado de un despliegue inusitado de fuerzas de seguridad y recursos (que confirman la inviabilidad política de lo que se está tratando de convalidar), se produjeron graves incidentes en los alrededores del edificio. Estos hechos fueron generados y promovidos por las propias fuerzas policiales consignadas a la orden de la ministra Patricia Bullrich y desataron una absurda, injustificada y desproporcionada represión sobre manifestantes de diversas pertenencias", condenó la agrupación.
Entre las víctimas del despliegue policial se hallaron "jubilados, agrupaciones barriales, trabajadores de prensa y hasta diputados nacionales en ejercicio, como el legislador Mario Enrique, de extracción sindical por el gremio de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), salvajemente golpeado cuando intentaba interceder para apaciguar la grave situación", mencionó luego la CGT, que criticó que "mientras una vez más la Policía volvía a disparar contra el pueblo, la sesión legislativa por voluntad de la mayoría oficialista continuó como si nada estuviera ocurriendo".
Ello sucedió bajo el funcionamiento del "protocolo antipiquetes" del ministerio de Seguridad, "que ya fue denunciado ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y que fue expresamente ilegalizado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y declarado 'no compatible con los estándares internacionales'", continuó la organización sindical codirigida por los dirigentes gremiales Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, quien en los últimos días se refirió a la posibilidad de impulsar un nuevo paro nacional tras la medida de fuerza del 24 de enero último.
En este marco, la central indicó: "Exigimos que cese el despliegue represivo del gobierno nacional a fin de garantizar la libertad de protesta y la paz del pueblo argentino. El pueblo argentino tiene memoria. Ya ha transitado en el pasado varios procesos como el actual, cuando se intentaron implementar doctrinas similares destinadas a favorecer a minorías económicamente privilegiadas en perjuicio de las grandes mayorías y de la soberanía de la patria; y siempre han terminado en enormes fracasos que nos dejaron, además, herencias gravosas".
Como se mencionó, el 24 de enero la CGT promovió el primer paro general contra la gestión de La Libertad Avanza, iniciativa a la que se adhirieron numerosas agrupaciones sindicales y políticas en repudio a la "Ley Ómnibus" para la reforma del Estado, que aún se debatía en las comisiones de Diputados, y al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 para la desregulación de la economía. Aquella medida de fuerza fue acompañada con una marcha al Congreso similar a las llevadas a cabo ayer y anteayer.
"El gobierno nacional encabezado por el presidente Milei, a través de sus primeras iniciativas, un DNU de falsa necesidad y urgencia y una 'Ley Ómnibus' intervenida por las grandes corporaciones empresariales y en condiciones irregulares para su dictamen y tratamiento, inicia su gestión bordeando el filo de la legalidad institucional, violando reglas y procedimientos constitucionales, desconociendo leyes y sembrando violencia para generar miedo en la sociedad argentina, a la que se propone degradar, desintegrar y seguir empobreciendo", consideró al respecto.
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