14/11/2024
La iniciativa es impulsada por el bloque del PRO, aunque no aparece como una prioridad para las autoridades nacionales.
A tan solo días de que la Justicia confirmara la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que la dejó más cerca de cumplir la pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el Congreso comenzó a debatir con más fuerza el proyecto de "Ficha Limpia". Esta iniciativa, impulsada principalmente por diputados del PRO, busca impedir que los dirigentes políticos con sentencias condenatorias firmes puedan presentarse a cargos electivos.
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El martes pasado, un bloque de diputados de la oposición, con el apoyo de La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical, solicitó una sesión especial para el próximo 20 de noviembre, en la que se espera tratar el proyecto de ley. Con el dictamen ya aprobado, el texto está listo para ser sometido a votación. Sin embargo, aún se necesita reunir los votos suficientes para lograr la mayoría absoluta en el recinto, lo que permitiría modificar la normativa vigente y que los cambios entren en vigor antes de las elecciones nacionales de 2025.
A pesar del impulso de la iniciativa, el Gobierno de Javier Milei no ha considerado la propuesta como una prioridad. El oficialismo está centrado en otros temas de la agenda, especialmente en la aprobación del Presupuesto 2025, y no tiene previsto incluir la "Ficha Limpia" en las sesiones extraordinarias que convocará para debatir sobre la asignación de recursos, principalmente para obras en las provincias.
La iniciativa es impulsada por el bloque del PRO, aunque no aparece como una prioridad para las autoridades nacionales.
Desde el entorno del presidente Milei se ha insistido en que el caso de Cristina Kirchner es "una cuestión de la Justicia", subrayando el "respeto por la división de poderes" como principio fundamental. Sin embargo, a medida que avanza el proceso judicial contra la ex presidenta, la discusión sobre su posible inhabilitación para ocupar cargos públicos se vuelve un tema cada vez más candente en el Congreso.
El proyecto de "Ficha Limpia" ha encontrado resistencia en varios bloques, que cuestionan tanto su constitucionalidad como la viabilidad de su implementación. Uno de los puntos más debatidos es el momento en el que una sentencia condenatoria se considera "firme", lo que sería un requisito para que la persona condenada quede inhabilitada para postularse en elecciones. Mientras que algunos sostienen que un fallo de la Cámara de Apelaciones podría ser suficiente, otros argumentan que debería ser necesaria la ratificación de la sentencia por parte de un tribunal de Casación.
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De aprobarse la ley, Cristina Kirchner, que recientemente asumió la presidencia del Partido Justicialista y es mencionada como posible candidata a diputada en 2025, quedaría impedida de integrar cualquier lista electoral. La confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa de la obra pública de Lázaro Báez, decidida el miércoles por la Cámara Federal de Casación Penal, ha intensificado este debate.
El presidente Javier Milei, al respecto, expresó: "Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción", haciendo referencia a la condena y la inhabilitación perpetua impuesta a la ex presidenta.
A pesar de que el PRO ha mostrado disposición para apoyar el proyecto, la falta de consenso entre los bloques, sumado al enfoque del Gobierno en otras prioridades, complica su tratamiento inmediato. Mientras tanto, la discusión sobre la ley de "Ficha Limpia" parece haberse colocado en segundo plano frente a la urgencia de aprobar el Presupuesto, especialmente en lo que respecta a los fondos destinados a las provincias.
El panorama legislativo es incierto, y si bien la propuesta tiene posibilidades de avanzar en el Congreso, la falta de acuerdo y las prioridades del Ejecutivo sugieren que su implementación podría postergarse, al menos hasta el próximo año. La cuestión, por lo tanto, sigue siendo un tema pendiente en un clima político de alta tensión, donde los temas judiciales y electorales se entrelazan de manera cada vez más directa.
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