El Gobierno autoriza la portación de armas a partir de los 18 años

El Gobierno Nacional estableció una modificación significativa en la Ley Nacional de Armas y Explosivos, permitiendo que a partir de los 18 años los ciudadanos puedan portar armas. La modificación, publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1081/2024, reemplaza la edad mínima de 21 años, que hasta ahora era el requisito para la adquisición, tenencia y portación de armas de uso civil en Argentina.

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El cambio fue oficializado mediante la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La nueva normativa ajusta el artículo 55 de la Ley 20.429, especificando que la edad mínima para ser considerado "legítimo usuario de armas" se reduce a los 18 años. Este ajuste tiene como objetivo "armonizar la legislación vigente" y reconocer la capacidad de los ciudadanos a partir de esa edad para ser usuarios legítimos de armas, según el texto de la resolución.

A pesar de esta modificación, la portación de armas sigue estando sujeta a varios requisitos. Los solicitantes deberán acreditar su identidad a través de un proceso policial, no tener antecedentes penales ni antecedentes que indiquen "anormalidades psíquicas o físicas" que los incapaciten para poseer un arma. Además, deberán cumplir con otros controles para garantizar que se trata de un usuario responsable.

A través de un decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei, el artículo 55 de la Ley de Armas y Explosivos, que establecía la edad de 21 para la tenencia, quedó desplazado.

La medida forma parte de un plan más amplio que el Gobierno comenzó a implementar en mayo de este año, cuando anunció su intención de enviar al Congreso un proyecto para simplificar el trámite de portación de armas. En este contexto, el Ejecutivo también se comprometió a regularizar la tenencia de armas de fuego en el país y a facilitar el proceso administrativo para quienes deseen declarar sus armas, además de promover la destrucción anónima de aquellas que no sean legales.

La reforma también incluye la propuesta de extender por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite a los ciudadanos entregar armas de manera anónima sin enfrentar consecuencias legales. Este programa busca reducir la circulación de armas no registradas y prevenir delitos relacionados con su uso ilegal.

Según las autoridades, la modificación tiene como objetivo no solo facilitar el acceso legítimo a la tenencia de armas, sino también fortalecer el combate a la delincuencia, en especial contra aquellos que circulan con armas ilegales, generando un mayor riesgo para la seguridad pública. Con más de 800.000 armas en posesión irregular en Argentina, el Gobierno busca actualizar los registros y procesos de tenencia de armas de fuego, con el fin de crear un sistema más transparente y moderno.

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A pesar de la controversia que genera este tipo de medidas, el Gobierno asegura que el ajuste será beneficioso para la seguridad de los ciudadanos, permitiendo a los responsables tener acceso legal a la tenencia de armas mientras se siguen combatiendo las armas ilegales que alimentan la violencia en el país.