El Gobierno avanza con un ajuste en el sector salud: se cancelan prepagas e intervienen obras sociales

La gestión del presidente Javier Milei puso en marcha un proceso exhaustivo de ajuste y revisión en el sector de la salud, que incluye la baja de numerosas empresas de medicina prepaga y la intervención de varias obras sociales. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio que busca reorganizar y desregular la administración pública para mejorar la transparencia y eficiencia del sistema de salud.

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Vale mencionar que desde el comienzo de la actual administración, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha trabajado en la revisión de la situación financiera y administrativa de las entidades del sistema de salud, que en total incluyen unas 675 prepagas y 291 obras sociales. Durante este proceso, el organismo ha detectado que una parte significativa de las empresas de medicina prepaga inscritas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) no han cumplido con sus obligaciones de presentar información clave, como padrones de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables o balances.

Como resultado, la SSS ha procedido a cancelar la inscripción de 60 prepagas que incumplían estos requisitos. Entre las entidades afectadas se encuentran Prepasa S.A, Grupo Proyectar SRL y Emergencias Médicas Fueguinas S.A. En los próximos días, se prevé que otras 60 prepagas adicionales sean eliminadas, mientras se evalúa el estado de situación de otras 70. En total, se estima que unas 180 prepagas podrían ser dadas de baja en esta primera fase del proceso.

Se cancelarán prepagas e intervendrán obras sociales.

Según fuentes oficiales, esta medida tiene como objetivo "que el beneficiario acceda a un mercado más transparente, ordenado, donde las entidades que figuran inscriptas existan, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad". Además de la acción sobre las prepagas, la SSS ha intervenido recientemente en cuatro obras sociales: la de Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), la del Personal Ladrillero (OSPL) y la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPLM). Estas obras sociales recibían significativos subsidios del Estado, lo que ha llevado a la SSS a intervenirlas debido a irregularidades detectadas en su funcionamiento.

El proceso de intervención comienza con auditorías detalladas. Si se encuentra que la información necesaria para operar como agentes del sistema de salud está ausente, se designa a un interventor que debe evaluar la situación y elaborar un informe. En caso de comprobarse inviabilidad financiera, prestacional o patrimonial, se activa un mecanismo de liquidación, y los afiliados se redistribuyen en otras obras sociales.

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Uno de los casos más significativos de intervención ha sido el de OSPERA, la tercera obra social más grande del país, con 759.203 beneficiarios. La SSS indicó que OSPERA nunca presentó informes en más de un año y que el administrador designado por la Justicia solicitó un apoyo financiero de $3.350 millones en octubre de 2023, sin que se hayan resuelto las deudas, que aumentaron de $26.979.000 en septiembre del año pasado a $43.949.000 en marzo de este año. Además, el 90% de los prestadores registrados con OSPERA negaron tener convenios vigentes, evidenciando más irregularidades.

De esta manera, la política de ajuste y revisión en el sector salud del gobierno de Milei busca poner orden en un sistema que, según las autoridades, ha estado caracterizado por la falta de transparencia y la gestión ineficiente. Las medidas tomadas apuntan a asegurar un funcionamiento más eficaz y transparente de las entidades de salud en el país.