El Gobierno denunció a Emilio Pérsico por supuesto fraude a la administración pública

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, denunció penalmente ante la Justicia federal de la Capital Federal al exsecretario de Economía Social y dirigente piquetero, Emilio Pérsico, por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Según indicaron desde el ministerio, detectaron que entre 2020 y 2023 la Secretaría a cargo de Pérsico, que formaba parte del ex Ministerio de Desarrollo Social, autorizó giros por $490 millones a la Federación de Cooperativas de Trabajo "Evita" LTDA y a la cooperativa La Patriada para diversas actividades en el Potenciar Trabajo. En la presentación ante la Justicia se señala que Pérsico fue presidente de la primera hasta 2019 (confirmado por el acta de la asamblea ordinaria del 12 de abril de 2019) y socio de la segunda.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Capital Humano ya tenía en conocimiento de la condena de la Oficina Anticorrupción impuesta durante los primeros días el mes de diciembre de 2023 al dirigente piquetero por violar la ley de ética pública.

Dicha oficina había condenado a líder piquetero por intervenir como "juez y parte" en distintos expedientes administrativos durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández, "aprovechando su cargo para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado", según la denuncia.

Teniendo en cuenta esa condena administrativa, y luego de diversas investigaciones en el INAES y otros organismos estatales, Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por Pablo de La Torre, presentó la denuncia penal contra Pérsico por los delitos de fraude a la Administración Pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La presentación señala que "su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados".

En el ministerio señalan que la Secretaría de Economía Social que encabezó Pérsico, ejercía la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos del Estado, todos ellos atinentes a los Convenios, con facultades para requerir toda la documentación que considere pertinente para el seguimiento y evaluación de la implementación del programa Potenciar Trabajo. Es decir, que dichas unidades de gestión, a fin de poder continuar con el cumplimiento -y por ende con posteriores desembolsos- requerían un informe técnico favorable por parte de la unidad ejecutora, dentro de la órbita de la Secretaría a cargo de Pérsico. Apuntan que "Ese era el rol de Pérsico en toda esta maniobra, lograr el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés".

El escrito indica que los fondos del Estado controlados por Pérsico eran dirigidos a organizaciones de las cuales formó -forma- parte y estaba estrechamente vinculado.