14/08/2024
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La disolución se basa en la argumentación que la UEI mantenía un "acceso directo e irrestricto" a información y documentación que debería ser exclusiva del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
La Unidad Especial tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar
El
Gobierno Nacional anunció la disolución de la Unidad Especial de Investigación
(UEI) mediante el decreto 727/2024, que deroga la normativa 715 promulgada en
junio de 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner.
La
Unidad Especial de Desaparición de Niños, creada en el ámbito de la Comisión
Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en
las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la
última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos
dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad.
La polémica medida se da apenas unas semanas después de que un contingente de diputados de La Libertad Avanza visitara a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
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Entre
los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que la unidad tenía
"acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de
organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder
Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público
Fiscal". En esa línea, señaló que se trata de herramientas que
"violentan nuestro régimen constitucional".
Y
señaló que "corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y
promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante
el Poder Judicial" y que por tal motivo se creó "en el ámbito de la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad la 'Unidad especializada para
casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado'".
El Gobierno considera que estas facultades violan los principios establecidos por la Constitución Nacional, específicamente los artículos que protegen la privacidad y el debido proceso legal.
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La
disolución de la UEI ha sido objeto de un fuerte rechazo por parte de Abuelas
de Plaza de Mayo, quienes temen que esta medida ralentice y complique la
búsqueda de los nietos desaparecidos. La organización, que ha jugado un papel
crucial en la búsqueda y restitución de identidad durante los últimos 32 años,
advirtió que esta decisión será perjudicial tanto para la ciudadanía como para
la justicia, además de representar un gasto innecesario para el Estado.
Abuelas
de Plaza de Mayo sostienen que la UEI, como auxiliar de la Justicia, evitaba la
necesidad de citaciones judiciales y garantizaba la confidencialidad de los
procesos, algo que consideran esencial para proteger a los involucrados y
mantener la eficacia de las investigaciones. La organización denunció que la
eliminación de la UEI obstaculizará el acceso a justicia y afectará gravemente
el progreso en la restitución de identidad de los menores desaparecidos.
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