El Gobierno intervino la Obra Social de los Trabajadores Rurales por crisis financiera

El Gobierno nacional oficializó la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPERA), debido a una profunda crisis financiera que afecta al ente, el segundo prestador de servicios de salud más grande del país con alrededor de 735.000 afiliados. De esta manera, la medida, dispuesta mediante el decreto 720/2024, delega al Ministerio de Salud la supervisión de la obra social por un plazo inicial de 180 días, con la posibilidad de prorrogar la intervención si es necesario.

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La doctora Virginia Montero fue designada como interventora, asumiendo todas las facultades administrativas y ejecutivas que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud confiere al Consejo Directivo. Su principal tarea será presentar informes mensuales sobre la gestión y la evolución administrativa y prestacional de OSPERA, con el objetivo de normalizar la situación de la entidad.

Cabe mencionar que en el decreto, el Gobierno remarcó las serias dificultades financieras que enfrenta OSPERA, incluyendo una notable falta de liquidez y un significativo endeudamiento que pone en riesgo su estabilidad a corto y mediano plazo. Además, se mencionó que entre 2022 y 2023, los afiliados a OSPERA presentaron 16.410 reclamos, destacando problemas como la falta de entrega de medicamentos, la negativa de cirugías y otras prestaciones médicas esenciales.

Asimismo, el superintendente Gabriel Oriolo y el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, señalaron que la administración anterior, bajo el liderazgo de Daniel López, otorgó a OSPERA una ayuda financiera de $3.350 millones (aproximadamente 9,5 millones de dólares) en octubre de 2023. Pero, las facturas y planillas correspondientes a estos fondos no están disponibles en los archivos de la Superintendencia.

El escándalo sobre la falta de cobertura que presuntamente causó la muerte de pacientes oncológicos en marzo pasado intensificó la crisis de OSPERA. La deuda acumulada con prestadores y efectores de salud, junto con la preocupación expresada por la Sociedad Rural Argentina, ha llevado a las nuevas autoridades a tomar medidas drásticas.

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Desde el pasado 5 de agosto, a través de la Resolución 1612/2024, OSPERA está nuevamente bajo intervención. Esta situación no es nueva para la entidad, que ya había estado bajo tutela judicial desde marzo de 2023 hasta julio de 2024 debido a denuncias de deficiencias en la asistencia a sus afiliados.

En tanto, el informe reciente de la Superintendencia revela una deuda creciente de OSPERA, que pasó de $26.979 millones en septiembre de 2023 a $43.949 millones en marzo de 2024, un aumento del 63%. Además, la deuda con los hospitales públicos por atención a sus afiliados asciende a $1.500 millones.

Por su parte, la Superintendencia detectó también múltiples irregularidades administrativas y una falta grave de información, que ha llevado a una serie de juicios y demandas en contra de la obra social. Entre estos, se encuentran 172 acciones judiciales relacionadas con medicamentos, cirugías, prótesis y asistencia a personas con discapacidad.