01/11/2023
A través del Decreto 565/2023, publicado en
el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó el Programa de Inclusión
Laboral que impulsará a los beneficiarios de programas sociales a ser
insertados en el mercado laboral a la par que recibirán ayuda estatal. De esta
manera, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pasará a estar a
cargo del programa de capacitación laboral que buscará que las personas que se
desempeñen en el ámbito de la Economía Popular sean incluidos en el sistema
formal de trabajo.
Los ciudadanos que se encuentren inscriptos
en calidad de titular en el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y
Desarrollo Social - Potenciar Trabajo también pasarán a estar enlistados en el
Programa de Inclusión Laboral.
De acuerdo con lo que señala el artículo 3° del decreto, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo
Social deberán promover en conjunto políticas y programas de capacitación
profesional, formación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento
del trabajo autogestivo. Tendrán que desarrollar actividades socio-productivas,
socio-laborales o socio-comunitarias que serán auditadas por la Unidad
Productiva que se creará con el objetivo de garantizar su cumplimiento. También
estarán encargados de la transferencia de créditos presupuestarios, bienes y
dotación de personal que sean necesarios para que el programa sea implementado.
Cabe mencionar que, en el caso de los empleadores que contraten
a titulares de programas de desarrollo social no deberán pagar cargas sociales
durante los primeros dos años de trabajo de la persona en la empresa. Aquellos
que hayan contratado antes de la oficialización de las medidas también gozarán
de una extensión no pagar contribuciones hasta que se cumpla el plazo de los 24
meses.
Por otra parte, también se buscará integrar en el mercado
laboral a las personas con discapacidad, con el mismo fin de que puedan acceder
a los derechos mencionados anteriormente. Motivo por el cual, quedará abolida
la restricción de que puedan acceder a un trabajo sin perder la pensión que
reciben por ley.
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