El Gobierno refuerza el operativo antipiquete para la marcha de jubilados

El Gobierno Nacional ha intensificado el operativo de seguridad para la marcha convocada por los jubilados, a la que se sumarán gremios y grupos de hinchas de clubes de fútbol. Desde el Ejecutivo, se sostiene que la movilización tiene un tinte "político" y se garantizará que se mantenga dentro de los límites de la Plaza del Congreso. En este marco, se desplegará un operativo con más de 850 agentes de distintas fuerzas de seguridad.

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El operativo contará con la participación de la Policía Federal, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura, junto con efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En el Gobierno, aseguran que la movilización será controlada con mano firme, señalando que, sin importar la cantidad de asistentes, desde hace un año hay sectores que intentan "desestabilizar" la gestión.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha ordenado controles rigurosos en los accesos a la Ciudad para filtrar el ingreso de colectivos que transporten manifestantes, con la colaboración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Según fuentes oficiales, aquellos vehículos que no cuenten con la habilitación correspondiente no podrán ingresar, y se procederá con la detención de personas con pedidos de captura.

Además, el Ejecutivo aplicará el operativo de Tribuna Segura, una estrategia que se utiliza en los alrededores de los estadios de fútbol durante eventos deportivos. Este operativo incluye rigurosos controles a las personas para evitar el ingreso de armas y para identificar a quienes tienen restricciones de admisión o pedidos de captura.

Desde el Ministerio de Seguridad se ha asegurado que se actuará con firmeza contra aquellos que "incurran en conductas que afecten la seguridad". Las autoridades insisten en que se aplicará la Restricción de Concurrencia Administrativa a cualquier persona involucrada en disturbios, basándose en el artículo 94 del Código Penal, que establece penas de prisión de tres meses a dos años para quienes interfieran con el normal funcionamiento del transporte o de servicios públicos esenciales.

El Gobierno también ha señalado que su objetivo es evitar un enfrentamiento directo entre las fuerzas de seguridad y los jubilados, concentrando los esfuerzos en evitar disturbios ocasionados por los hinchas de fútbol. En Balcarce 50, reconocen que la prioridad es desmovilizar a los grupos y asegurar que la zona del Congreso sea transitable, aunque no se descarta que se puedan registrar cortes de calle si los manifestantes no logran ingresar a la Plaza del Congreso.

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Por su parte, diversos sectores sindicales ya han mostrado su apoyo a la marcha de los jubilados. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT) y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), entre otros, han confirmado su participación, sumándose también docentes, taxistas y estudiantes universitarios a la convocatoria.

La jornada promete ser tensa, y el Gobierno redobla esfuerzos para controlar el curso de la manifestación, en un clima de creciente polarización política y social.