El juez Lijo ordenó el bloqueo de una acepción discriminatoria del término "judío" en el diccionario de la RAE

El juez federal Ariel Lijo dictó una orden al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que se implemente de forma "inmediata" el bloqueo digital en Argentina de la acepción presuntamente discriminatoria de la palabra "judío", que se encuentra en la versión online del diccionario de la Real Academia Española (RAE). La controversia surge de la definición de "judío" o "judía", que incluye cinco acepciones, siendo la última de ellas la que califica a una persona como "avariciosa o usurera". Aunque la RAE aclara que esta interpretación tiene una connotación "ofensiva o discriminatoria", el uso del término ha sido objeto de debate y rechazo.

Vale mencionar que la decisión del magistrado se basa en una denuncia penal presentada el 28 de agosto por Claudio Gregorio Epelman, apoderado de la Fundación Congreso Judío Mundial, y Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). En la denuncia se acusó al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y a otros responsables de la organización de incitar al odio contra la comunidad judía. Asimismo, el 30 de enero de 2023, Muñoz Machado había declinado el pedido de eliminación de esta acepción, argumentando que estaba avalada por el uso, a pesar de que consideraba su connotación socialmente inapropiada.

En su fallo, el juez Lijo argumentó que "se encuentran reunidas las condiciones para sostener que la quinta acepción de la palabra 'judío' contiene en la base de su significado un discurso de odio". Afirmó que esta definición "atribuye características peyorativas al integrante de un colectivo por el solo hecho de ser tal".

Lijo también subrayó que este tipo de discurso no solo es abstracto, sino que tiene efectos concretos en una cantidad significativa de personas. "La formulación del discurso en cuestión no se encuentra reservada a un foro íntimo, sino que está incorporada al Diccionario de la Lengua Española, lo que amplifica su alcance y potencial impacto", concluyó el juez.

De esta manera, la medida generó un amplio debate sobre el lenguaje y la responsabilidad de las instituciones en la promoción de un discurso inclusivo, así como la necesidad de revisar términos que perpetúan estigmas y discriminación.