El juicio político contra la Corte Suprema podría quedar sin validez

Los diputados del oficialismo que integran la Comisión de Juicio Político no saben si la semana que viene podrán avanzar con el dictamen de acusación contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por "mal desempeño". Cabe mencionar que el próximo 29 de noviembre es el último día habilitado para convocar a una reunión, dado que tras esa fecha la investigación perderá validez.

El juicio político contra la Corte Suprema inició el pasado 26 de enero. Luego de 25 reuniones y la declaración de 65 testigos el proceso entró en la recta final hace dos semanas con la notificación a los magistrados de las acusaciones provisorias en su contra y de las pruebas recolectadas para que puedan hacer su descargo.

Asimismo, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, respondieron a las acusaciones por escrito. Los magistrados rechazaron los argumentos del oficialismo y hablaron de un "proceso teñido de irregularidades" que violó la garantía de defensa y que tuvo como fin removerlos por el contenido de sus sentencias.

"Este procedimiento apunta a condicionar o remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria", señaló Rosenkrantz. "Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite", indicó Rosatti. En tanto, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti optaron por no contestar las imputaciones.

Por su parte, la oposición consideró desde un principio que no se probó ningún caso de "mal desempeño" y que el proceso constituyó un embate contra el Poder Judicial. Asimismo, las revelaciones de la causa de espionaje ilegal a jueces, políticos y funcionarios le permitió a Juntos por el Cambio arremeter contra el diputado Rodolfo Tailhade, quien había recibido mensajes del espía detenido Ariel Zanchetta.

El PRO, la UCR y la Coalición Cívica denunciaron que Tailhade fue parte de una operación de inteligencia ilegal e insistieron con que el proceso contra los jueces de la Corte quedó "viciado" por maniobras de espionaje.