El máximo tribunal de Ecuador validó el estado de excepcion dictado por Noboa

La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde a la última declaración de estado de excepción realizada por el presidente Daniel Noboa, que abarcó a seis provincias y un municipio del país, en el marco del 'conflicto armado interno' en el que se encuentra inmersa la nación sudamericana. El tribunal llamó la atención al mandatario por no haber acreditado correctamente la declaratoria.

De esta manera, la Corte Constitucional de Ecuador validó el estado de excepción vigente por 60 días y admitió el argumento de una 'grave conmoción interna', pero, como en las dos (medidas) anteriores, no consideró válida como razón la declaración de 'conflicto armado interno'. La medida dictaminada por Noboa alcanza a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, y en el municipio de Camilo Ponce Enríquez.

LEE MÁS: La corrupción gubernamental y las diferentes formas de manifestarse y combatirla

El máximo tribunal había rechazado en las dos oportunidades anteriores la justificación esgrimida por Noboa.

LEE MÁS: La Cancillería Argentina contradice a Mondino sobre la posición oficial respecto a Venezuela

El tribunal declaró la constitucionalidad de algunas de las medidas contempladas en el estado de excepción como la suspensión de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de la correspondencia, las requisiciones de bienes y la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

'Estas cuatro medidas serán constitucionales en los términos ordenados por el presidente de la República y con las precisiones y limitaciones realizadas en el presente dictamen', señaló la Corte Constitucional en un comunicado emitido este viernes.

Estado de excepción decretado en Ecuador.

Ecuador se encuentra bajo estado de excepción desde principios de año, cuando el mandatario Daniel Noboa decretó la medida tras la fuga de alias 'Fito' de la Cárcel Regional de Guayaquil, lo que agravó la crisis de seguridad en el país sudamericano que refleja una tasa de unos 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).