El ocaso de la oposición y la fuerza del veto

Una semana con una interna muy caliente para la oposición, más precisamente en el radicalismo con un debate que expuso los reproches de aquellos diputados que votaron por la nueva y caída Ley de Movilidad Jubilatoria y que luego se encontraron con el presidente Javier Milei para apoyar el veto. Un radicalismo que ya venía fragmentado y que ahora se vuelca a una pregunta que desde otros sectores se vienen haciendo hace tiempo: ¿Cómo ser oposición?

No paso mucho de aquel 5 de junio donde con 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones, con la participación de todos los sectores de la oposición, se había logrado la aprobación de una Ley de Movilidad Jubilatoria que buscaba recomponer la pérdida en los haberes producto del empalme entre la fórmula del anterior Gobierno y la impuesta por el actual, entre otros puntos. Lo que sucedió esta semana distó mucho de aquel día: la oposición no pudo volver a reunir ese número para hacer caer el veto del presidente Milei.

Dos preguntas surgen a partir de esto: para el Presidente se trata del techo al que podría haber llegado la oposición y para la oposición, cuál será el costo político de aquellos que salieron a bancar el veto que el Presidente lo planteó como un todo o nada.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, dijo que la situación genera la sensación de "una gobernabilidad cada vez más opaca" acusando a quienes apoyaron el veto de estar traicionando el mandato por el cual fueron elegidos y no darle una respuesta a los jubilados.

En público y en privado, diputados apuntaban a lo que sucederá el domingo, día en el cual el propio Presidente presentará el Presupuesto 2025, algo que usualmente suele estar a cargo del ministro de Economía.

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Desde algunos sectores como Unión por la Patria (UxP) critican al oficialismo por su improvisación y limitación. El oficialismo se hace la misma pregunta justamente de los sectores opositores.

Javier Milei, o más precisamente sus negociadores, han logrado plegar a miembros del radicalismo, del Pro e incluso del peronismo con los diputados que responden a algunos gobernadores en particular. Desde LLA se preguntan: ¿Es esto lo máximo que puede hacer la oposición?

Hace tiempo se planteó en la mesa oficialista lograr un escudo legislativo, que funcione para favorecerlos y, por supuesto, para incluso después de haber aprobado un proyecto, limitar el poder de maniobra de la oposición.

El peronismo intentó mostrarse sin fracturas. Como oposición el radicalismo quedó totalmente desequilibrado: cinco voluntades contrarias a la del bloque y, a propósito, diferentes a lo que se planteó el pasado 5 de junio. Los cruces fueron en privado, pero también en público. La crítica u otra de los interrogantes planteados a partir de esto es: ¿quien los lidera?

Veto. Al igual que con la Ley de Movilidad Jubilatoria, el presidente Javier Milei también derogará la Ley de Financiamiento Universitario.

La pelea en el recinto iba desde quienes intentaban justificar su cambio de posición, quienes reprochaban ello y quienes le recriminaron también al Gobierno que no hubiera hecho un veto parcial.

Así lo planteó la diputada radical Roxana Reyes que afirmó que el Gobierno "tendría que haber hecho un veto parcial, y tendría que haber aceptado el ocho por ciento, y tendría que haber dado un paso superador para que los jubilados cobren lo que tienen que cobrar". Mas allá de ello afirmó que quien gobierna es Javier Milei: "Ganó. No ganamos nosotros. Entonces, gobierna Javier Milei, y fija el plan económico y es el gobierno que gobierna ahora".

Reyes justificaba lo que harían algunos de los diputados radicales que finalmente apoyarían el veto, aunque en su caso particular estuvo en la lista de los ausentes.

Dentro del radicalismo, Pablo Giuliano fue uno de los más críticos: "No voy a cambiar mi voto. Yo voy a votar igual que como voté la vez pasada porque fue mi bloque el que construyó esto que se convirtió en ley, porque fue mi bloque el que protagonizó desde la comisión, porque fue mi bloque, el de la Unión Cívica Radical que en el mes de febrero que fue claro y contundente con respecto a los temas que no le iba a dejar pasar a este gobierno. Y uno de esos temas eran los jubilados. Así que yo no cambio el voto, no lo cambio y voy a reafirmar hoy acá el voto del 5 de junio".

Algunos se justificaron, otros hablaron también de traición, pero siendo muy preciso quien dio definiciones sobre cuál podría ser el costo político del veto a los jubilados fue el diputado Martin Tetaz que, en su rol de economista, suele cruzar al Gobierno por su plan económico.

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Lo que dijo fue que dentro de pocos días se van a publicar los datos fiscales de agosto, que serían "holgados" y eso dejaría demostrado que el Gobierno si contaba con los fondos para pagar el aumento a las jubilaciones. Se caería así el argumento oficialista de que "los degenerados fiscales" quieren romper el programa económico.

Eso no es un dato menor porque si estuvieran los fondos para pagar esa recomposición y simplemente el Gobierno no quisiera hacerlo, el costo político sería realmente alto; siempre y cuando una oposición muy desordenada pudiera capitalizar esa parte de la discusión. En este sentido, se especula con que el próximo domingo durante la presentación del Presupuesto que encabezara el presidente Javier Milei podría haber algún tipo de anuncio sobre una recomposición de un 8% en los haberes jubilatorios.

En este contexto político, el Senado aprobó el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) y por las modificaciones, vuelve en segunda revisión a Diputados. Lo que espera el oficialismo es que la Cámara sancione rápido la iniciativa, porque en el caso de no suceder podrían complicarse los plazos para el año próximo.

Respecto de la pregunta planteada al inicio sobre cómo ser oposición, dando un revés, la Cámara Alta rechazó y derogó el decreto de necesidad y urgencia por el cual se ampliaba en $100.000 millones el presupuesto para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y aprobó la ley de financiamiento universitario. De este modo, la pregunta de cierre es... ¿Habrá nuevo veto?