El Senado aprobó la ley Anti Mafia para combatir el crimen organizado con amplia mayoría

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley Anti Mafia, una nueva legislación destinada a abordar de manera integral el crimen organizado en Argentina. La iniciativa, que obtuvo 38 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, establece reformas importantes en el Código Penal y propone medidas más agresivas para enfrentar delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y órganos, y la tenencia ilegal de armas y explosivos.

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El kirchnerismo, en su mayoría, se levantó del recinto antes de la votación, aunque algunos miembros de ese bloque, como los senadores Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy), decidieron acompañar la propuesta. También apoyaron el proyecto los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Las Provincias Unidas y otros espacios federales.

Entre las reformas más destacadas, se contempla la pena de prisión de entre 8 y 20 años por el simple hecho de pertenecer a una asociación ilícita dedicada a estos crímenes. Además, se establece que todos los miembros de la organización serán considerados responsables por los delitos cometidos por ella, independientemente de su rol en los actos delictivos.

La iniciativa se aprobó con 38 votos afirmativas, cero negativos ni abstenciones. El kirchnerismo se levantó casi en su totalidad antes de la votación.

La nueva ley también crea la figura de la "Zona de Investigación Especial", que busca agilizar los mecanismos de actuación del Estado en investigaciones relacionadas con el crimen organizado. En estas zonas, las autoridades federales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a sospechosos hasta por 48 horas en ciertos casos, con la posibilidad de extender el plazo hasta 15 días si la investigación involucra delincuencia transnacional.

Además, se habilita la incautación de bienes y la realización de allanamientos en domicilios y cárceles, siempre con la debida autorización judicial. La ley también permite la interceptación de comunicaciones, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto y actividades en redes sociales, siempre que sea ordenado por la justicia.

La senadora Carolina Losada (Santa Fe), miembro informante del proyecto, destacó la importancia de la nueva ley en la lucha contra el narcotráfico. "Estamos dando una batalla muy dura contra el narcotráfico, y esta ley es fundamental porque ataca cada eslabón de la cadena, y eso es crucial", afirmó.

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Sin embargo, el bloque kirchnerista expresó preocupaciones sobre la centralización del poder en la Nación y el impacto en el federalismo. El senador Oscar Parrilli (Neuquén) cuestionó que el proyecto invada las competencias de los gobiernos provinciales, argumentando que la ley afecta la autonomía de las jurisdicciones locales.

Pese a las críticas, la iniciativa contó con el respaldo de algunos integrantes del interbloque peronista. Marcelo Lewandowski, por ejemplo, defendió su voto favorable destacando que la ley proporcionará una herramienta más en la lucha contra el crimen. "Tenemos la necesidad de pacificar los barrios, pero también de garantizar igualdad de oportunidades en la educación y el trabajo", sostuvo el senador.

Con la sanción de esta ley, el Congreso da un paso significativo en el fortalecimiento de las herramientas legales para enfrentar el crimen organizado en Argentina.