El Senado busca avanzar en la ley anti mafias con un plenario clave

Este miércoles, las comisiones de Seguridad y Justicia del Senado, presididas por los legisladores Carolina Losada (UCR-Santa Fe) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), se reunirán en un plenario para intentar destrabar el dictamen del proyecto de ley anti mafias. La iniciativa, que ya obtuvo la sanción en Diputados, propone un endurecimiento de las penas para los miembros de organizaciones criminales y tiene como objetivo desactivar a las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, la extorsión, el lavado de activos y la trata de personas.

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El proyecto forma parte de un paquete de medidas de seguridad que el Gobierno impulsó desde su llegada al poder, entre las cuales se incluyen también la regulación de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas. En este contexto, ya se encuentra vigente una ley que amplió el registro de ADN y focaliza su atención en los delitos sexuales, particularmente en los violadores.

El plenario, programado para las 16 horas, será determinante para conocer si el oficialismo logra asegurar el apoyo de sus aliados para firmar un dictamen de mayoría. La incertidumbre sobre este punto surgió después de la última reunión, donde las dificultades logísticas, como un paro de gremios aeronáuticos que afectó los vuelos, y la ausencia de varios legisladores que se encontraban en Estados Unidos como observadores de las elecciones presidenciales, impidieron avanzar en el despacho. Además, el kirchnerismo no participó en ese plenario, lo que generó dudas sobre la posibilidad de alcanzar un consenso amplio.

El proyecto ya fue aprobado por Diputados y forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno libertario, aunque su avance se dilató en la Cámara alta.

El oficialismo espera que la oposición "dialoguista" se sume al acuerdo para asegurar que el proyecto avance en el Senado, ya que, de no lograrlo, quedaría en evidencia que el apoyo obtenido en la Cámara de Diputados no se replica en la Cámara alta.

En Diputados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había señalado que la propuesta gubernamental se inspira en modelos internacionales como la Ley RICO de los Estados Unidos y la legislación antimafia de Italia. La Ley RICO, promulgada en 1970 en Estados Unidos, establece medidas para perseguir a organizaciones criminales a través de sanciones civiles y penales, abarcando delitos como el fraude, el lavado de dinero y la extorsión. Además, la normativa elimina la distinción entre los diferentes roles dentro de una organización mafiosa, castigando por igual a todos sus miembros, desde los jefes hasta los más subordinados.

Por su parte, la ley italiana va más allá, incluyendo no solo a quienes reciben dinero de las mafias, sino también a aquellos que favorecen o avalan sus actividades, aunque no reciban compensación económica directa.

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En una exposición reciente en el Senado, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó que el proyecto aprobado en Diputados es una versión mejorada y más amplia de la propuesta original, tras incorporar numerosas sugerencias de la oposición. Cococcioni subrayó que la lucha contra el crimen organizado ha contado con el apoyo de diferentes fuerzas políticas en Santa Fe, y expresó que no sería justo que a nivel nacional se dificultara el avance de esta misma iniciativa.

El ministro también presentó estadísticas que resaltan el impacto positivo de las políticas de seguridad en la provincia: en 2023, los homicidios dolosos en Santa Fe cayeron un 55% en comparación con el mismo período del año anterior, con una reducción similar en la ciudad de Rosario. Sin embargo, reconoció que los recientes crímenes, como el asesinato del líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, siguen demostrando la presencia del crimen organizado en la región.

Este plenario será clave para definir el futuro del proyecto, que busca endurecer las penas y fortalecer las herramientas legales para combatir las organizaciones criminales que operan en el país. La aprobación de la ley anti mafias es vista como una de las principales iniciativas de seguridad del Gobierno, que busca dar una respuesta más eficaz a la creciente amenaza del crimen organizado.