¿En la dirección de la gente?

Debate controvertido pero necesario: tienen que pagar los extranjeros por los servicios que reciben en la Argentina. Y no se trata de posiciones antiinmigración ni nada por el estilo, simplemente por algo que durante años se charla en la sociedad pero que nunca está cristalizado, como el pago de la salud y la educación cuando ambos servicios son utilizados por personas que no residen en el país.

Planteado el tema en grandes trazos, lo primero que hay que hacer es ponerlo en el contexto adecuado. Residente es una cosa, y no residente es otra. Y en eso el Estado tiene un rol fundamental, dado que hay gente que vive en Argentina, pero no tiene un permiso de residencia otorgado por las autoridades nacionales.

Ellos, en todo caso, que tampoco se los podría considerar turistas por exceder el plazo de ingreso al territorio, son ciudadanos que se encuentra indocumentados para el estado argentino, pero que debieran tener los mismos derechos que otro que sí tiene toda la documentación en regla.

¿Falla el individuo al no regularizarse o falla el Gobierno al no buscarlo? Lo más fácil sería opinar que es lo segundo. Pero no, es lo primero. Quien falla es la persona que no se registra teniendo todas las posibilidades para hacerlo. Porque la Argentina no es un país hostil para los extranjeros sino todo lo contrario. Desde la Constitución Nacional misma se invita "a los ciudadanos del mundo que quieran habitar nuestra tierra", y esa frase tiene un fuerte contenido político.

Pues entonces, quien no se documenta y pretende vivir en la Argentina está en falta con las posibilidades que le otorga el país. Después habrá que analizar si por algún motivo no cumpliera con los requisitos, uno de ellos es no poseer antecedentes penales en su país de origen. Ante esa situación, el pueblo argentino podría -y debería resguardarse- negarse a otorgar un trámite de residencia con todas las de la ley.

Cobro por servicios

Esta semana el Gobierno anunció que va a permitir que los hospitales públicos y las universidades nacionales puedan arancelar la prestación de los servicios a los extranjeros. Antes de ir a la letra puntual veamos el contexto: los servicios educativos y la salud son derechos de los habitantes de este país, pero que también tienen su origen en el pago de los impuestos que aquí se generan.

Es decir que para que una persona pueda tener educación y salud gratis, todos los contribuyentes abonan sus gravámenes y el estado distribuye esos recursos a través del presupuesto. No deja afuera a nadie, porque la salud y la educación están ahí para quien la necesite o quien la quiera absorber. Entonces, un primer criterio de equidad seria que para alcanzar uno de esos derechos también hay que contribuir por ello. Y en el caso de la persona que no esta registrada no está pagando impuestos de manera directa, por lo tanto tampoco está aportando a la contribución en el sistema del cual luego puede ser beneficiario o beneficiaria. Es ahí donde radica la gran diferencia entre ser un extranjero residente y no serlo.

La contracara

Esta semana, en la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó: "El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar".

El funcionario explicó que "en primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes", afirmó al tiempo que aseguró que representará una fuente de financiamiento para las casas de dispondrán del fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren.

Hubo excesos durante muchos años. Los famosos tours sanitarios, en los que ciudadanos de otras partes del mundo llegaban a la Argentina para realizarse prácticas complejas en hospitales nacionales, muchas veces con vinculación dentro del sistema de salud que les abria las puertas. De hecho se llegó a hablar del "turismo de la salud" como una faceta más de la actividad socioeconómica del turismo que de la sanitarista de la salud pública.

La provincia de Salta, que ya implementa un sistema por medio del cual los extranjeros deben abonar contribuciones para ser tratados, redujo en un 95% la atención de ciudadanos de países fronterizos y generó un ahorro de 60 millones de pesos, según datos que maneja el Gobierno.

Con las universidades pasa algo similar. El prestigio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha trascendido fronteras, y eso genera que estudiantes de otros países de la región elijan la Argentina para graduarse sin costos más que el alojamiento y la comida. En otros lugares del mundo eso no ocurre, de hecho en la mayoría de los países la educación de grado es arancelada y las familias abonan para que sus hijos cursen las carreras universitarias.

¿Será una solución a dos sistemas -el sanitario y el educativo- que están jaqueados en la Argentina? Seguramente que no, pero lo que se advierte hay una demanda social de respuestas inmediatas a los problemas del gasto y del despilfarro. Y aunque no sea un ahorro significativo es una señal de ir en la dirección que la ciudadanía votó.