Escándalo: Denuncian que empleados públicos de Santa Cruz cobran millones de pesos por el Potenciar Trabajo

Una presentación judicial destapó un grave escándalo en la provincia de Santa Cruz, donde se denunció que decenas de empleados públicos cobran prestaciones del programa Potenciar Trabajo por cientos de miles de pesos cada uno de forma anual "en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de la creación" del plan de asistencia social, lo que computaría una "violación de los deberes de funcionario público".

El reclamo fue impulsado por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien en los últimos días indicó que 8.583 beneficiarios del Potenciar Trabajo son a la vez empleados públicos provinciales y perciben un total de $7.500 millones anuales por el programa, de acuerdo con la información que recopiló en 10 de las 24 jurisdicciones de todo el país. Este hecho se encuentra "en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de la creación" de la prestación, según declaró.

De los más de 8.000 titulares involucrados, al menos 128 pertenecen a Santa Cruz. El cálculo arroja que cada uno habría cobrado unos $873.820 en promedio en concepto del Potenciar Trabajo, que es entregado actualmente por el ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, en el gobierno de Javier Milei. El monto se sumaría a su sueldo en el Estado provincial que conduce Claudio Vidal. En total, las percepciones acumulan un monto de más de $111 millones entregado a trabajadores públicos santacruceños.

Frente a esta situación, se les reclamó la "suspensión y/o baja de planes sociales" para que se "haga cesar los efectos del delito" que, en principio, sería encuadrado "como violación de los deberes de funcionario público". En particular, se acusa "la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional".

Las demás provincias involucradas en el escándalo son Tucumán, con 1.145 empleados públicos que gozaban del plan social; La Rioja, con 1.060 -entre 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, con 652; Corrientes, con 518; Salta, con 434; Río Negro, con 198; Córdoba, con 194; y Formosa, con 180. En tanto, en Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof dispuso que los ministros cumplan con la demanda judicial: en ese marco, se identificó a un total de 2.243 individuos que cobran el plan y son a la vez trabajadores estatales.