15/01/2024
A partir de las 10 de la mañana, los diputados que están
tratando en comisión la "Ley Ómnibus" recibirán a miembros de la sociedad civil
y organizaciones que expondrán para continuar con el tratamiento de la
normativa. Cabe mencionar que la lista de expositores incluye a más de 60
personas de distintas áreas: representantes de pymes y empresas, científicos,
médicos, sindicalistas, miembros de cámaras pesqueras, entre otros. Asimismo,
de acuerdo con lo pautado, deberán exponer por 5 minutos, algunos de manera
presencial y otros virtualmente.
El bloque de Unión por la Patria fue el primero en proponer que
fueran convocados los sectores afectados por la norma. Algo que fue compartido
también por bancadas como la UCR, la Coalición Cívica e incluso parte del PRO,
que reciben diariamente pedidos de reunión de organizaciones
civiles, sindicales y representantes de distintos colectivos. Este tipo de
exposiciones podrían continuar el martes, pero el Gobierno intenta acelerar el
proceso y tiene esperanza en tener dictamen esta semana para poder sesionar la
siguiente.
Pese a que el Gobierno cedió en ciertos aspectos en pos de
negociar, todavía hay dudas entre los diputados sobre la profundidad de estas
consecuencias. Sucede que no hay un interlocutor válido, es decir, alguien que
vaya haciendo las modificaciones a la ley que se van
acordando prácticamente de palabra. La semana pasada, la subsecretaria de
Ambiente, Ana Lamas, aseguró que se dará marcha atrás con la posibilidad de
desmontar bosque nativo en áreas protegidas. Pero, no hubo un cambio oficial en
la ley.
Desde el
oficialismo saben que tienen que negociar para sumar voluntades si quieren
reunir los 129 diputados que le permitan alcanzar el quórum. Solo tiene 38
legisladores propios sobre un total de 257. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados,
Martín Menem, busca acuerdos y recibe pedidos de modificaciones, pero todavía
falta la oficialización.
En tanto, hay puntos sensibles que preocupan a la oposición. En
términos generales, son la emergencia pública y la amplia delegación de
facultades legislativas en el Presidente por cuatro años. Solo aceptará la
emergencia por un año prorrogable por otro año, pero por decisión del Congreso,
no del Ejecutivo, y con limitación en el alcance de las delegaciones. También
preocupa la mayor parte de la reforma electoral, que el Gobierno ya dio señales
de descartar. Lo mismo sucede con la suba de retenciones. El rechazo de base es
general, pero hay diferencias entre los bloques dialoguistas entre sí y dentro
de los mismos bloques respecto a qué se podría aceptar y qué no en este punto.
Por otra parte, preocupa la suspensión de la fórmula de
movilidad jubilatoria y los aumentos por decreto. Proponen que al menos se
establezca que de mínima los aumentos sean por inflación. También, alarma la
privatización generalizada de empresas por sola decisión del Ejecutivo, y la
habilitación de endeudamiento en dólares sin límites ni control parlamentario.
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