22/12/2023
La Justicia de Estados
Unidos rechazó el pedido de la Argentina para presentar la garantía, en la
causa del juicio por la expropiación de YPF. De esta manera, el Gobierno tiene tiempo
de pagar hasta el 10 de enero, o, de lo contrario, comenzará a correr los
pedidos de embargo. Cabe mencionar que la jueza Loretta Preska, que condenó al
país a pagar US$16.000 millones, le había dado tiempo a la Argentina hasta el
10 de enero para concretar el depósito de acciones de la petrolera por el monto
total de la sentencia.
Los abogados del país
pidieron la suspensión o la extensión por otros 90 días de esa obligación. De
acuerdo con lo que indica el escrito, "por
las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas
urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones". Asimismo, asegura que ese monto representa 32%
del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.
En el escrito presentado
ante la justicia de Nueva York, los representantes de la Argentina destacaron
que el Gobierno de Javier Milei recién comienza su mandato y si bien nombró a Rodolfo Barra como el
Procurador General del Tesoro, todavía falta
la designación de quién será el
encargado de llevar adelante los
litigios internacionales contra el país: "Circunstancias excepcionales
justifican retrasar hasta el 22 de febrero, y no el 23 de enero, el plazo para
los argumentos de la apelación", ante el tribunal de Nueva
York.
Luego
de subrayar que el fallo por la expropiación de YPF es el litigio más caro que
enfrenta el país, destaca también la necesidad de la gestión de Milei de
conocer los detalles de la demanda, del proceso de apelación y las
alternativas que se le presentan, con lo que no podrá cumplir con el
plazo de fines de enero para presentar sus primeros argumentos.
Pero,
de todas maneras, la magistrada denegó el pedido. Preska consideró que "el
26 de octubre la demandada República Argentina solicitó, de conformidad con la
Norma Federal de Procedimiento Civil, suspender la ejecución de la sentencia
definitiva pendiente de $16.1 mil millones y apelarla sin fianza o imponer una
sentencia provisional. Ahora la República vuelve a escribir para decir que no
puede cumplir con los plazos ampliados que solicitó. Pero esta vez la República
busca una renuncia total a las condiciones de estadía o una prórroga adicional
de 90 días. Por múltiples razones se desestima
la moción. Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría
atención inmediata".
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