Histórico: la Justicia cordobesa obligó a la esposa de un padre incumplidor a pagar la cuota alimentaria de su hija

En una decisión sin precedentes, la Justicia de Córdoba ha marcado un hito en la protección de los derechos alimentarios de los menores. El Juzgado de Familia de 6° Nominación de la capital provincial resolvió que la actual esposa de un hombre que desde 2016 incumple con la cuota alimentaria de su hija adolescente debe asumir esa responsabilidad de manera solidaria. Este fallo, dictado por la jueza Marcela Alejandra Menta, se fundamenta en el principio de solidaridad familiar y en la necesidad de garantizar el bienestar de la joven, priorizando su interés superior por encima de cualquier otra consideración.

El caso tiene como protagonista a una adolescente de 16 años cuya madre ha sostenido sola su crianza tras la separación del padre en 2016. Desde entonces, el hombre dejó de cumplir con la obligación alimentaria establecida, y acumuló una deuda significativa. Según Gastón González, abogado de la madre, el padre no cuenta con trabajo formal, bienes a su nombre, cuentas bancarias ni licencia de conducir, lo que dificultó las medidas habituales para exigirle el cumplimiento, como embargos o restricciones. Sin embargo, en 2023, el hombre contrajo matrimonio con otra mujer, quien sí tiene ingresos estables y propiedades registradas, lo que abrió una nueva vía para la Justicia.

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La resolución se apoya en el artículo 553 del Código Civil y Comercial de Argentina, que permite a los jueces imponer medidas razonables ante incumplimientos reiterados de la obligación alimentaria. Aunque la esposa argumentó que no tiene un vínculo afectivo con la menor ni cumple el rol de "madre afín" -figura contemplada en el Código para los cónyuges de progenitores con hijos a cargo-, la jueza desestimó este punto como impedimento. "No se trata de una relación socioafectiva, sino de una responsabilidad derivada del matrimonio", explicó González. La demandada también intentó señalar que la obligación debía recaer en los parientes biológicos del padre, como sus cinco hermanos, pero este argumento fue rechazado al comprobarse que estos no tienen capacidad económica suficiente.

La resolución de la Justicia cordobesa marca un precedente en la protección de los derechos de los menores.

El fallo no solo busca garantizar el sustento de la adolescente, sino también presionar al padre, quien sigue siendo el principal obligado, para que asuma su deber. "Él no esperaba que fuéramos contra su esposa", señaló el abogado, destacando que todos los bienes del hombre están a nombre de su cónyuge, lo que lo había protegido hasta ahora. La madre, por su parte, enfrenta una situación precaria: sin empleo estable, depende de trabajos informales para mantener a su hija, por lo que se encuentra sola tanto en la asistencia económica como emocional, ya que el vínculo entre la menor y su padre es prácticamente inexistente.

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La Justicia de Córdoba no es ajena a medidas innovadoras para asegurar el cumplimiento alimentario. En casos previos, se han aplicado sanciones como la prohibición de asistir a eventos deportivos o la suspensión de licencias de conducir. Sin embargo, este fallo va más allá al extender la obligación a un tercero, en este caso la esposa, basándose en el deber de contribución que ambos cónyuges comparten en el matrimonio. Aunque la medida restringe el derecho de propiedad de la demandada, la jueza la justificó como un "remedio disuasivo" necesario para proteger el derecho alimentario de la menor, un principio que prevalece en el ordenamiento jurídico argentino.

Por ahora, la resolución no incluye la deuda acumulada desde 2016, que solo podrá reclamarse si el padre registra bienes o ingresos formales en el futuro. Este caso pone en el centro del debate la responsabilidad compartida en el matrimonio y el rol del Estado en la tutela de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, marcando un precedente que podría influir en futuras decisiones judiciales.