Investigan judicialmente el presunto robo de documentos en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo

La Justicia federal ha iniciado una investigación para esclarecer la denuncia de robo de documentos en la sede central de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, tras una denuncia presentada por el actual rector organizador, Eduardo Maurizzio. La denuncia surge luego de que Maurizzio aportara imágenes que muestran a un grupo de personas cargando cajas con documentos y expedientes de la institución en un vehículo.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de la universidad, ubicado en Defensa 119, en el centro de la ciudad, para determinar si efectivamente se produjo un robo de documentos. Según la denuncia, este incidente ocurrió entre el 30 y el 31 de octubre, aunque Maurizzio asegura que la sustracción de los papeles sucedió el 13 de noviembre, y que las imágenes mostradas muestran a Gustavo Pons, ex vicerector académico de la universidad, y Agustín Real, ex secretario administrativo, transportando cajas con documentos.

Las autoridades judiciales han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de esos días, tanto del interior como del exterior del edificio, para analizar qué ocurrió en el lugar. Desde la Justicia indicaron que primero se investigará quiénes fueron los responsables de la entrada al edificio y qué sucedió en su interior, y en caso de ser necesario, se tomarán nuevas medidas. Aunque algunos funcionarios del gobierno no descartan que la acción haya sido un autorobo, esto deberá ser confirmado por la investigación.

Tras la denuncia penal por el "edificio boliche", la Justicia federal requirió conocer los registros fílmicos del interior de la sede de calle Defensa tras una denuncia del actual rector normalizador.

Los documentos que presuntamente fueron retirados del edificio de Defensa están relacionados con nombramientos, convenios de colaboración con otras universidades y otros expedientes administrativos. En la Secretaría de Educación, aseguran que estos papeles fueron firmados por Cristina Caamaño, quien, a pesar de que su nombramiento como rectora fue revocado por una resolución ministerial, continuó firmando documentos. Desde el gobierno sostienen que la forma en que Caamaño llegó al cargo de rectora es irregular y aseguran que la asamblea en la que fue designada estuvo plagada de irregularidades.

Por su parte, Caamaño, quien fue interventora de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández, ha negado rotundamente que se haya tratado de un autorobo. La ex rectora señaló que la denuncia de robo del 30 de octubre es válida y aseguró que el acceso al edificio había sido forzado y que se había sustraído la llave principal. Según Caamaño, los exfuncionarios Pons y Real retiraron la documentación de forma autorizada para evitar que otros la sustrajeran nuevamente, y la trasladaron a otra sede de la universidad, como se muestra en las imágenes presentadas por Maurizzio.

Este nuevo escándalo se suma a la polémica que rodeó a la universidad en las últimas semanas, cuando el Ministerio de Justicia denunció que uno de sus edificios en la ciudad de Buenos Aires estaba siendo utilizado como un boliche clandestino, en lugar de cumplir con su función educativa. La denuncia del Ministerio de Justicia incluyó la revelación de que el inmueble se encontraba en un estado de abandono y se utilizaba para actividades políticas partidarias y otros fines ilegales, violando su propósito original.

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La investigación judicial continuará para determinar qué ocurrió con los documentos de la universidad y esclarecer si se trató de un robo o si fue una acción autorizada. Las versiones contradictorias entre los involucrados y las pruebas presentadas complican aún más el caso, que podría tener implicancias tanto administrativas como políticas.