Juicio político a la Corte: el oficialismo firmará el dictamen de acusación después de las elecciones

Luego de 23 reuniones y la declaración de 65 testigos, el proceso de juicio político contra la Corte Suprema entró en la recta final con la notificación a los magistrados de las acusaciones provisorias en su contra y de las pruebas recolectadas para que puedan hacer su descargo. De esta manera, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anunció que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti tendrán 10 días para presentar por escrito o en forma presencial su respuesta a las acusaciones.

Asimismo, el oficialismo podrá elaborar el informe definitivo de acusación y votar el dictamen de acusación. El mismo tendrá luego que ser aprobado en la Cámara de Diputados por una mayoría agravada de dos tercios. La fecha límite es el 17 de noviembre próximo, cuando termina la actividad en las comisiones y previo a que cambie la conformación de la Cámara.

Debido a que los cargos provisorios contra el juez Maqueda por las presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial ya habían sido presentados, los miembros de la Corte recibieron traslado de las pruebas recolectadas en las causas "Coparticipación", "2x1?, "Consejo de la Magistratura" y "Abuso de poder". Entre los cargos contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda en la causa Coparticipación se destacan, por ejemplo, "haber violado el marco jurídico vigente", "Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado nacional", "haber resuelto con una cautelar la cuestión de fondo" y "haberse arrogado facultades legislativas".

Por su parte, en Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli sostuvo que ninguna de las pruebas producidas por el oficialismo logró convencerlo de que los magistrados incurrieron en "mal desempeño". Indicó que el Frente de Todos en ninguna de las votaciones logró sumar "un voto que no sea de miembros de su bloque" e insistió en que todo el proceso se trató de un embate contra el Poder Judicial.

"Todo comenzó con la rebelión policial que tuvo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Entonces el Gobierno decidió darle los recursos para que los destine a la policía y esos recursos decidieron sacárselos a la ciudad de Buenos Aires. Ahí comenzó la causa por la coparticipación", expresó.

El dictamen de acusación sería firmado a días de un eventual balotaje presidencial. Pero, los cargos quedarían formalizados si este dictamen se aprueba en el recinto con dos tercios de los votos. El oficialismo no podrá conseguir esa mayoría agravada, por lo que se descarta que el juicio político llegue al recinto. Sin embargo, si así lo hiciera, sería responsabilidad del Senado juzgar el desempeño de los jueces de la Corte Suprema en base a la acusación.