La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni

La Cámara Federal de Buenos Aires ratificó este jueves los procesamientos de varios dirigentes del Polo Obrero, liderados por Eduardo Belliboni, y agravó las imputaciones que pesaban sobre ellos.

Según el tribunal, los acusados incurrieron en "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión". Estas figuras legales implican penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión, según indicaron fuentes judiciales. Además, se ordenó profundizar las investigaciones sobre la posible complicidad de funcionarios públicos.

El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, determinó que los dirigentes del movimiento "sacaron provecho de su posición dominante" al exigir aportes monetarios a personas en situación de alta vulnerabilidad.

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Estas personas, que formaban parte de un programa diseñado para promover la inclusión social, corrían el riesgo de perder su acceso a los beneficios si no cumplían con las exigencias.

"No se puede sostener que solo haya existido una víctima de estas exigencias injustas, ni que el aprovechamiento de los recursos humanos para actividades político-partidarias se limitara únicamente a quienes estaban a cargo de los comedores, delegados o referentes. En realidad, este esquema involucraba también a quienes lideraban el movimiento social, quienes fueron los verdaderos beneficiarios de dichas exigencias. Ellos eran los encargados de disponer del dinero recaudado en efectivo, el cual posteriormente se depositaba en las cuentas bancarias de las organizaciones", explicó el fallo citado por el portal Infobae.

El tribunal dejó claro que la causa no busca criminalizar las protestas sociales. "Queremos dejar completamente fuera de discusión que ni la pesquisa ni este resolutorio tienen como objeto una criminalización de las organizaciones sociales y las protestas a las que éstos convocan y lideran".

Magistrados. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron el procesamiento de Eduardo Belliboni.

Sin embargo, advirtió que bajo el pretexto de reclamar derechos legítimos, aparecieron "personas que se aprovechan de una situación que el Estado debe atender para tratar de obtener un beneficio propio".

La investigación se inició el 20 de diciembre, durante la organización de una protesta contra Javier Milei, en la que el Ministerio de Seguridad habilitó el número 134 para recibir denuncias anónimas. Entre las denuncias presentadas, el fiscal Gerardo Pollicita centró su atención en 45 casos ocurridos en la Capital Federal, de los cuales siete testigos clave fueron localizados y cinco declararon en la causa.

En la resolución, se detalló que las pruebas recolectadas, incluidos allanamientos y documentación incautada, respaldan que se utilizaron facturas falsas y simulación de gastos, principalmente a través de las empresas "Ediciones e Impresiones Rumbos SRL" y "Coxtex SA", para desviar fondos destinados al programa estatal Potenciar Trabajo.

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Según el juez Sebastián Casanello, "se aprovechó la política pública para intereses partidarios", y las declaraciones de arrepentidos confirmaron que los beneficiarios eran obligados a asistir a movilizaciones o realizar pagos para no perder sus planes sociales.

La Cámara Federal también subrayó la estructura jerárquica detrás de estas acciones, liderada por Belliboni, quien daba las directivas generales, seguido de referentes nacionales como Jeremías Cantero y Gianna Puppo. Además, los delegados locales comunicaban las exigencias directamente a las víctimas.

"A los fines de atribuir responsabilidades podemos concluir, tal como lo postuló la fiscalía, que la estructura jerárquica se encontraba conformada en un escalón superior por Eduardo Belliboni", afirmó el fallo.

Por último, el tribunal destacó que será crucial en la próxima etapa del proceso identificar a todas las víctimas afectadas, quienes deberán recibir una compensación económica actualizada por las sumas retenidas de forma extorsiva, considerando su situación de alta vulnerabilidad.