La CGT denuncia el desfinanciamiento de las obras sociales y exige medidas urgentes al Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) continúa sus esfuerzos para que el Gobierno flexibilice su postura frente a las paritarias de 2025, pero también se enfrenta a otros desafíos relacionados con la administración de Javier Milei. Uno de los problemas más urgentes para la central sindical es la crítica situación de las obras sociales, que atraviesan un proceso de desfinanciamiento creciente. Esta crisis afecta a los 15 millones de afiliados que dependen de estos servicios, lo que representa aproximadamente el 33,6% de la población argentina.

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Los trabajadores activos, monotributistas, desempleados y el personal doméstico son los principales sectores que aportan al sistema de obras sociales. Sin embargo, el costo de las prestaciones médicas, en particular aquellas cubiertas por el Programa Médico Obligatorio (PMO), supera las capacidades financieras de este sistema. El PMO tiene un costo mensual promedio de 45 mil pesos por cada beneficiario y su grupo familiar, una cifra que, excluyendo las prestaciones por discapacidad, se reduce a 35 mil pesos. No obstante, los aportes de ciertos sectores no alcanzan ni de cerca a cubrir esos costos, lo que agrava el desfinanciamiento.

Los monotributistas aportan solo 13.800 pesos mensuales, los desempleados 14.000 pesos y el personal doméstico apenas 6.400 pesos, lo que deja a las obras sociales sindicales en una situación de extrema desigualdad respecto de otros sistemas de salud. Según los dirigentes de la CGT, la combinación de la caída de los salarios reales y el aumento desmedido de los costos médicos y de medicamentos ha profundizado la crisis.

Los sindicalistas reforzaron sus reclamos ante el Ministerio de Salud para frenar el desfinanciamiento del sistema y uno de los ejes es la obligación de darles prestaciones médicas a sectores que hacen menos aportes, como monotributistas y servicio doméstico.

Un dirigente de la CGT señaló que "la falta de respuestas del Gobierno pone en evidencia que el acceso a una salud accesible y de calidad para millones de trabajadores no es una prioridad para las autoridades". En este contexto, la central sindical volvió a reclamar por medidas concretas, ya que la situación de las obras sociales sigue siendo crítica.

En agosto, la CGT ya había enviado un informe a la Superintendencia de Servicios de Salud con propuestas para evitar el colapso del sistema. Entre las sugerencias figuran la revisión del PMO, la creación de un fondo para financiar tecnologías de alto costo, la adaptación de las cuotas para monotributistas y trabajadores domésticos, y la reestructuración de los reintegros del PAMI.

También se planteó la posibilidad de que los monotributistas reciban atención a través de los efectores públicos de salud de su jurisdicción, y que el sistema se enfoque más en la atención primaria, con recursos destinados a hospitales y centros de salud en lugar de a las obras sociales. Por otro lado, se pidió que los gastos en transporte y educación de personas con discapacidad sean cubiertos por las carteras correspondientes, ya que las prestaciones para este grupo representan un alto porcentaje del gasto del Fondo Solidario de Redistribución.

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A pesar de los esfuerzos de la CGT, hasta el momento, las autoridades de salud no han tomado medidas que permitan mejorar la situación de las obras sociales, dejando en evidencia la falta de un plan integral que garantice el acceso a la salud para todos los trabajadores del país.