05/04/2024
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña tomaron la determinación amparándose en el marco del principio de justicia universal. Determinaron llamar a indagatoria al polémico presidente.
La Justicia argentina decidió este viernes reabrir una investigación sobre crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La Cámara Federal dictó la orden al considerar que se trata de delitos de "extrema gravedad" que obligan a actuar "sin dilación ni demora" para proteger a los sectores de la población afectados.
"Corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento", afirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
La resolución del tribunal ordenó llevar a cabo de manera urgente las diligencias impulsadas por el fiscal federal Carlos Stornelli por considerarlas "imprescindibles para contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano".
A su vez, consideraron oportuno llamar a indagatoria a los imputados, entre los que se encuentra el propio Maduro y el influyente diputado Diosdado Cabello.
Según detalló el portal Infobae, uno de los votos planteó que en la causa se deben disponer "todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata". Por lo pronto, el expediente regresará a manos del juez federal Sebastián Ramos.
Este fallo se da en medio de las disputas internas por las elecciones presidenciales de Venezuela, que tendrán lugar el próximo 28 de julio. El gobierno chavista inhabilitó a María Corina Machado, la principal candidata opositora, para participar en los comicios y todo va camino a un nuevo proceso con irregularidades en las urnas y la reelección del polémico mandatario.
Además, las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela se tensaron notoriamente, ya que se cerró el espacio aéreo de los aviones nacionales y el gobierno de Milei respondió alojando en su embajada a seis dirigentes perseguidos por la Justicia de aquel país.
La causa inició en julio del año pasado, a través de una denuncia de la fundación del actor hollywoodense George Clooney en los tribunales de Comodoro Py.
En un principio, el juez Ramos la archivó bajo el pretexto de que la Corte Penal Internacional se encuentra investigando una causa similar iniciada por cinco presidentes de la región, entre los que se encontraba el entonces mandatario Mauricio Macri.
Sin embargo, un grupo de víctimas apeló la resolución del magistrado y la Cámara Federal le dio la razón.
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