La Justicia confirmó el desalojo de la lof Paillako del Parque Nacional Los Alerces

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ha confirmado el desalojo de la lof Paillako, que ocupa un predio de Parques Nacionales desde 2020. Esta decisión se produce en un contexto de agotamiento de las instancias judiciales que intentó la comunidad mapuche para permanecer en las tierras en disputa. El juez Guido Otranto, a cargo de la causa, ordenó una constatación en el territorio antes de ejecutar la medida, que deberá realizarse en un plazo no mayor a 15 días.

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El desalojo fue respaldado por la Cámara Federal, que desestimó el recurso presentado por la comunidad, basado en una supuesta recuperación ancestral de las tierras. Con esta resolución, el último intento de la comunidad de sostener su presencia en el Parque Nacional Los Alerces ha fracasado.

La Justicia está preparando el terreno para la ejecución del desalojo. Se llevará a cabo una constatación para determinar la cantidad de ocupantes en el área, así como la cantidad de viviendas construidas, la presencia de niños y mujeres, y otros detalles relevantes. Parques Nacionales, bajo la dirección de Cristian Larsen, contará con apoyo de fuerzas federales para completar esta tarea.

La causa ha visto a Parques Nacionales como querellante, mencionando a Cruz Cárdenas como el líder de la agrupación que ingresó a las tierras mediante métodos violentos. La resolución de Otranto y el informe de la fiscalía han confirmado que el acceso del grupo a la zona fue conflictivo.

La decisión de la Cámara se había demorado a la espera de su veredicto, que finalmente confirmó la decisión del juez Otranto de ordenar la expulsión de los mapuches. En su resolución anterior, Otranto había aceptado el pedido de desalojo y ordenado la salida de Cárdenas y otros integrantes de la comunidad que ocupaba ilegalmente el terreno.

El presidente de la Administración de Parques Nacionales había iniciado un trámite administrativo para recuperar el espacio, notificando a los ocupantes sobre la necesidad de abandonar pacíficamente la ocupación. Tras un plazo de 30 días sin acción por parte de la lof Paillako, se elevó el caso a la Justicia Federal para ejecutar el desalojo.

El fallo de Otranto menciona antecedentes de incendios intencionales en la región, señalando que Cárdenas había manifestado descontento con la Administración de Parques Nacionales, lo que generó rumores sobre su posible implicación en dichos siniestros.

Durante el proceso judicial, Parques Nacionales rechazó las alegaciones de los usurpadores, quienes intentaron permanecer en el territorio invocando derechos ancestrales. La Administración argumentó que la ocupación era ilegal y que, tras el vencimiento del plazo para desocupar, podía solicitar la inmediata expulsión sin necesidad de un proceso civil ordinario.

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La situación ha generado preocupación en el gobierno, que teme nuevos incendios en la zona. La fiscal del caso recomendó la confirmación del desalojo, subrayando que los demandados no estaban ejerciendo posesión comunitaria tradicional sobre las tierras en cuestión.

Con la confirmación del desalojo, la comunidad lof Paillako enfrenta una inminente expulsión de las tierras que han ocupado, marcando un nuevo capítulo en la conflictiva relación entre el Estado y las comunidades mapuches en Argentina.