09/04/2024
La decisión fue tomada por el juez Julián Ercolini y afecta además a otros exfuncionarios y amigos del expresidente. También se levantó el secreto fiscal y bancario de los acusados. Los detalles de la medida.
En el más reciente giro de la investigación por las presuntas irregularidades en la contratación de seguros desde el Estado durante la gestión del Frente de Todos (FdT), la Justicia dictó este martes la inhibición general de bienes al expresidente Alberto Fernández y otros funcionarios y amigos del dirigente implicados en la causa, al tiempo que exigió que se levante el secreto fiscal y bancario de los involucrados en el escándalo, según informaron minutos atrás fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por el magistrado Julián Ercolini, quien se halla al frente del caso, y afecta, junto a Fernández, al extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano; al broker Héctor Martínez y a su esposa, la secretaría del exmandatario, María Cantero; y al empresario Pablo Torres García. Además, alcanza también a las compañías Bachiller, San Ignacio, Castello Mercuri y San German, entre otras. El detalle de la medida explica que no podrán vender ni disponer de sus bienes.
Asimismo, la lista de acusados incluye a los exgerentes de Nación Seguros Mauro Tanos, quien fue ascendido por la gestión de Javier Milei, y Marcos Eufemio, que se desempañaba en el área de compras del organismo público. Tanto estos exfuncionarios como los previamente nombrados, entre los que se cuenta el exjefe de Estado Fernández, quien hasta semanas atrás era también titular del Partido Justicialista (PJ), tendrán levantado su secreto fiscal y bancario en el marco de la misma disposición judicial.
Junto a ello, Ercolini elevó una solicitud a la Oficina Anticorrupción de la Nación para que aporte las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) del expresidente y de Pagliano, Cantero, Tanos y Eufemio desde 2009 hasta la actualidad, a fin de indagar acerca de las posibles conexiones entre los involucrados y las tercerizaciones que se instrumentaban en las contrataciones de seguros a dependencias estatales en el contexto del decreto promulgado por el entonces gobierno nacional.
Cabe recordar que Fernández se encuentra doblemente imputado en las causas abiertas por las supuestas irregularidades en las contrataciones de seguros. Ambas investigaciones figuran a cargo del juez Ercolini: una, iniciada a partir de la denuncia de la abogada Silvina Martínez y de una presentación de legisladores de la Coalición Cívica; otra, originada desde una denuncia realizada por el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello y otros funcionarios de la administración de La Libertad Avanza por las coberturas otorgadas a jubilados y pensionados de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
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