La oposición avanza en la limitación de los decretos de necesidad y urgencia del Presidente

La oposición se moviliza para establecer límites al uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el Presidente Javier Milei. El objetivo es fijar un plazo de 120 días para que ambas Cámaras del Congreso se pronuncien sobre estos decretos; de rechazarse en cualquiera de ellas, el DNU quedaría sin efecto.

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Este miércoles, un plenario de comisiones se reunirá para discutir un dictamen en relación con la Ley 26.122, que regula la emisión de estos decretos. La iniciativa surge tras la reciente aprobación de un emplazamiento que obligó al oficialismo a convocar a especialistas para presentar sus opiniones ante las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento.

A pesar de que aún no se ha llegado a un texto consensuado, distintos sectores de la oposición -incluyendo al peronismo, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y varias fuerzas provinciales- coinciden en la necesidad de limitar el uso de esta herramienta, que consideran abusiva por parte del gobierno actual. Si logran acordar un dictamen, la propuesta podría ser llevada al recinto, a pesar de la resistencia del oficialismo.

Hoy vence el emplazamiento y el oficialismo no puede por reglamento demorar el debate. Buscan poner un plazo de 120 días para que el Congreso ratifique o rechace los decretos.

El uso de los DNU está contemplado en la Constitución Nacional, que permite su emisión únicamente en "circunstancias excepcionales". Sin embargo, muchos consideran que este criterio rara vez se cumple, ya que los gobiernos han recurrido a esta figura para avanzar en proyectos sin el apoyo necesario. Un ejemplo de esto es el DNU 656, que destinó $100 mil millones a la SIDE.

Bajo la actual Ley 26.122, el Congreso solo puede ratificar o derogar los DNU, y hasta la fecha, la derogación de un decreto solo ha ocurrido una vez en la historia. Si no son rechazados, los decretos permanecen vigentes con fuerza de ley.

Las discusiones continúan en torno a varios puntos clave, como el límite temporal para que el Congreso se expida y la necesidad de que ambas Cámaras ratifiquen un DNU para que este se mantenga en vigor. Mientras algunos sectores proponen un plazo de 90 días, otros, como los diputados de Encuentro Federal, sugieren extenderlo a 120 días, similar a la legislación brasileña.

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Otro aspecto crucial es que, de ser aprobada la modificación, cualquier rechazo por parte de una de las Cámaras sería suficiente para anular un DNU, algo que actualmente no ocurre, como lo demuestra el caso del DNU 70 que aún sigue vigente pese a la falta de tratamiento en la Cámara de Diputados.

En este contexto, los bloques de la oposición han visto cambios significativos en sus posiciones históricas. Unión por la Patria, que tradicionalmente defendió el uso de los DNU, ahora está dispuesta a modificar la ley en respuesta al uso excesivo que Milei ha hecho de esta herramienta. Por su parte, el PRO, que antes abogaba por restricciones, ha adoptado una postura más conciliadora con el oficialismo.

Si el tema llega al recinto, la decisión final recaerá en el bloque radical, que ha sufrido una fractura interna y se encuentra en proceso de definir su relación con el Gobierno, así como en el bloque de Innovación Federal, que representa a gobernadores de varias provincias y está atento a las negociaciones por el Presupuesto 2025.