Las contratistas de Acindar acuerdan con la UOM la suspensión de 600 trabajadores con opción a 1700 más

Como consecuencia de la caída en la actividad y de la proyección de la producción para el 2024, las empresas contratistas de la siderúrgica Acindar acordaron con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la ciudad de Villa Constitución, la suspensión de unos 600 trabajadores, con la posibilidad de ascender a la totalidad de empleados de contratistas, alrededor de 1.700 personas. Esto se dio este jueves durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. El convenio alcanzado por las partes incluye el pago del 83% del salario y estará vigente hasta el 15 de junio, aunque en mayo volverán a evaluar la situación.

La situación de las contratistas, se da luego del parate de las cuatro plantas productivas de Acindar por al menos un mes y tiene estrecha relación con la crisis que atraviesa la industria por la brusca caída del poder adquisitivo que hizo que se contrajera la demanda, y por la paralización total de la obra pública llevada a cabo por Milei como política de Gobierno.

Dada las circunstancias, las contratistas que trabajan para el gigante del acero en Villa Constitución, comenzaron a negociar con la Unión Obrera Metalúrgica para avanzar con medidas sobre el grueso del personal que opera para las plantas. Luego de una escalada de tensión a comienzos de semana, este jueves llegaron a un acuerdo: la suspensión de 600 trabajadores con el cobro del 83% del salario.

Según trascendió, el convenio podrá ser rotativo y estará vigente entre el 15 de marzo y el 15 junio. El texto que firmaron las partes, también aclara que "en caso de despidos se respetará el 100% de los salarios remunerativos al momento de realizar la base del cálculo indemnizatorio".

De este modo, las partes garantizaron "la paz social" y se comprometieron a que en caso de surgir algún conflicto "previamente a la toma de cualquier decisión solicitarán la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe".

La UOM estima que entre empleo directo e indirecto hay al menos unas 6.000 familias que dependen de la actividad de ACINDAR y temen que si la crisis de la industria se profundiza, las suspensiones sean solo un primer paso.