Ley Bases: el oficialismo insistirá en Diputados con la privatización de Aerolíneas

Mientras buscaba voto por voto para conseguir la ansiada aprobación de la Ley Bases, el Gobierno negoció con diferentes senadores de la oposición dialoguista algunas modificaciones significativas en la normativa. Las más importantes eran la eliminación de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos de la lista de empresas a privatizar.

Con esa acción, el oficialismo pudo cerrar el acompañamiento de algunos legisladores que estaban con dudas en el proyecto insignia de La Libertad Avanza y, finalmente, aprobar la iniciativa el miércoles pasado.

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Sin embargo, con el proyecto retornando a la Cámara de Diputados para ser debatido en revisión, todo hace indicar que eso fue únicamente una artimaña para conseguir los votos.

Según trascendió, la bancada oficialista insistirá junto a los bloques del PRO y otros aliados con la privatización de esas compañías que habían sido excluídas del listado.

Objetivo. "Intentaremos insistir con la media sanción de la Cámara de Diputados", sostuvo Martín Menem.

"Intentaremos insistir con la media sanción que votó la Cámara de Diputados en lo que respecta a las privatizaciones de empresas públicas", le confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al diario La Nación.

La sesión está prevista para el próximo 27 de junio en la Cámara Baja, donde solo bastará con obtener el voto mayoritario para aceptar los cambios hechos por el Senado o insistir con la redacción original.

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"En realidad no hubo ninguna negociación, si Aerolíneas Argentinas fue excluida de la nómina de las empresas a privatizar fue porque no teníamos los votos, pero si la Cámara de Diputados decide insistir con el texto original, mejor", habría deslizado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una reunión con referentes de la oposición dialoguista.

En ese sentido, el oficialismo aspira a mantener la diferencia a su favor que tuvo en la sesión del 30 de abril en la que le dio media sanción a la Ley Bases. De esa forma, el camino quedaría allanado para la Casa Rosada, que únicamente tendría que promulgarla y publicarla en el Boletín Oficial.