Los puntos sin acuerdo de la Ley Ómnibus que podrían ser rechazados en Diputados

El Gobierno logró obtener el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para intentar aprobar la Ley Ómnibus. Pero, la sesión prevista para este jueves debió postergarse hasta la semana que viene. Cabe recordar que el oficialismo sumó 55 firmas de los 115 miembros del plenario, pero 34 fueron "con disidencias parciales", incluso de sus aliados más cercanos, el PRO. Dentro de la UCR, 8 votaron con el oficialismo y el resto decidió no acompañar ningún dictamen.

Similar fue lo que sucedió en el interbloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, dado que la Coalición Cívica, el socialismo de Santa Fe y Margarita Stolbizer firmaron su propio dictamen de minoría, por separado del peronismo que rechazó el texto por completo.

El principal foco de conflicto son las retenciones. La semana pasada, el Gobierno informó que aceptaban eliminar el aumento de retenciones al 15% para todas las economías regionales, pero dejaba firme la suba del 15% a las exportaciones industriales y el aumento de la alícuota para los derivados de soja, el trigo y el maíz. Sin embargo, desde la oposición dialoguista, e incluso sectores del PRO, consideraron que no era suficiente.

Desde la Coalición Cívica insisten en suprimir o modificar el régimen de promoción y los beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego, que calculan le cuesta al Estados USD 1.000 millones al año. Proponen la eliminación del "crédito fiscal presunto" de IVA que constituye un mecanismo, que permite a las empresas de Tierra del Fuego cobrar el IVA a sus clientes (consumidores o retailers) y no ingresarlo al Estado, sino capitalizarlo como ganancia. También buscan la eliminación de los aranceles a la importación de celulares y notebooks para que haya más competencia y que las empresas beneficiarias del Régimen de Tierra del Fuego no trasladen a precios la pérdida de beneficios fiscales.

En tanto, La Libertad Avanza dejó de lado su plan original vinculado con las jubilaciones. Es decir, eliminar la fórmula previsional para reemplazarla por aumentos por decreto a discreción. Accedieron a ajustar los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor, pero a partir de marzo, con la inflación de febrero. El empalme entre los dos sistemas dejaría afuera la actualización de enero, que terminará con una inflación de aproximadamente 20%.

Asimismo, el oficialismo acordó también excluir a YPF del extenso listado de empresas estatales que pueden ser privatizadas. El radicalismo impulsa que la venta de cada empresa se trate por separado y reclama que los pliegos de venta tengan que tener aprobación del Congreso. El bloque de Pichetto también se resiste a la enajenación de ARSAT, Nucleoeléctrica, Banco Nación e YMAD.

En cuanto a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, los gobernadores propusieron al comienzo de la semana que previo a traspasarlo al Tesoro Nacional debía ser utilizado para saldar las deudas con las cajas provinciales y para pagar los juicios jubilatorios, que rondan los 300 mil.

Por otra parte, tampoco fue suficiente que el oficialismo aceptara que las facultades delegadas sean por un año, renovable por otro año con acuerdo del Congreso. Cabe mencionar que la propuesta original era 2+2 a discreción del Poder Ejecutivo. Desde la Coalición Cívica impulsan eliminar por completo las facultades delegadas mientras que la UCR quiere restringir la cantidad de áreas en las que se declara la emergencia y acotar el margen de acción del Poder Ejecutivo en las áreas donde sí se delegan facultades.