Mapuches de la comunidad Lof Paillako apelan a la Corte para evitar desalojo en el Parque Nacional Los Alerces

La comunidad mapuche Lof Paillako, que en 2020 usurpó la seccional de guardaparques *El Maitenal* en el Parque Nacional Los Alerces, se juega su última carta legal para evitar el desalojo ordenado por la justicia. Luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificara la restitución de las tierras al Estado Nacional, los mapuches han elevado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con la esperanza de que se revoque la decisión judicial y puedan continuar ocupando el territorio.

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El recurso presentado por los abogados de la comunidad se basa en la argumentación de que los pueblos originarios, como los mapuches, tienen un vínculo ancestral con esas tierras. Los letrados insisten en que los habitantes originales del lugar son "dueños" históricos de los terrenos en disputa, un argumento que busca hacer valer la preexistencia de la comunidad en el área.

Actualmente, el expediente se encuentra en manos de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que evaluará si se eleva a la Corte Suprema para su resolución definitiva. En paralelo, el Ministerio Público también está analizando el caso.

Buscan neutralizar la resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que rechazó la apelación que presentó la comunidad Lof Paillako y ordenó que se retiren del predio.

El conflicto comenzó en 2020, cuando el líder de la comunidad, Ernesto Cruz Cárdenas, acompañado por su pareja, María Belén Salinas, irrumpió en la seccional de guardaparques *El Maitenal*, ubicada en el corazón del Parque Nacional Los Alerces. Durante la pandemia, Cárdenas y su grupo tomaron posesión de tierras en la ex población Felidor Salinas y el valle del arroyo Cascada, donde construyeron viviendas y galpones de forma ilegal.

La Administración de Parques Nacionales denunció a los intrusos por usurpación, pero el conflicto no avanzó significativamente durante la presidencia de Alberto Fernández, quien, según algunos informes, optó por una postura más conciliadora y convocó a una resolución alternativa del conflicto, involucrando al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sin embargo, esta mediación no prosperó.

Con la llegada de Cristian Larsen a la conducción de Parques Nacionales, la postura cambió radicalmente. Larsen dejó claro que no estaba dispuesto a negociar con los "violentos" y la causa judicial se reactivó. En 2023, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó el desalojo de la comunidad, una decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Chubut, que también desestimó la apelación presentada por los mapuches.

Ante la inminencia del desalojo, la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina ha presentado lo que califican como su "última etapa de resistencia". En el recurso extraordinario, la defensa hace hincapié en que las tierras en disputa fueron habitadas históricamente por pueblos originarios, y que los mapuches tienen un "arraigo ancestral" que los convierte en legítimos poseedores del territorio.

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Según los abogados, los líderes de la comunidad, Cárdenas y Salinas, tienen "probados antecedentes" de su presencia en la zona, y afirman que las acusaciones de los incendios forestales que devastaron miles de hectáreas de bosque en la región son parte de una "estigmatización y demonización" hacia la comunidad, basada en denuncias "falsas".

Aunque la defensa reconoce que las probabilidades de un fallo favorable son mínimas, su objetivo es lograr una dilación en la ejecución del desalojo. "Sabemos que la Corte no será distinta a los tribunales inferiores, pero intentaremos ganar tiempo", señalaron los abogados, quienes admiten que el recurso es una última esperanza para evitar la restitución de las tierras al Estado Nacional.

Un caso reciente podría jugar en contra de los intereses de la comunidad Lof Paillako. En Río Negro, la justicia reconoció el "arraigo ancestral" de una comunidad mapuche que había usurpado un terreno privado cercano a Bariloche. Sin embargo, este fallo no fue suficiente para eximir a los miembros de la comunidad Buenuleo del delito de usurpación, ya que la ocupación fue calificada como ilegal. Este antecedente podría pesar en la resolución del caso de los mapuches en el Parque Nacional Los Alerces.

A pesar de las dificultades legales, los mapuches buscan prolongar el proceso judicial para evitar el desalojo. La orden de desalojo es clara y la cuenta regresiva para su ejecución ya está en marcha, pero la comunidad Lof Paillako sigue luchando para mantenerse en las tierras que consideran suyas por derecho ancestral.

La resolución final del caso podría tener un impacto significativo en la relación entre las comunidades indígenas y el Estado argentino, particularmente en lo que respecta al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos originarios. Mientras tanto, la administración de Parques Nacionales se prepara para hacer cumplir la orden judicial, mientras que los mapuches siguen apelando a la justicia para evitar la restitución de las tierras.

La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre este complejo conflicto que enfrenta la defensa de los derechos indígenas y la protección de los recursos naturales en una de las áreas más emblemáticas de la Patagonia argentina.